El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado este martes que "respeta" el proceso judicial en el caso del listado del Ejecutivo autonómico de funcionarios afines al PSOE, por el que se ha citado como imputada a la secretaria de la responsable de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Marta Rueda. No obstante, ha defendido que "no existe ninguna lista oficial".
"Respetamos el procedimiento y también las garantías de la persona que está imputada", ha señalado a los periodistas Ruiz Espejo. Para tranquilizar a los trabajadores de la Junta, ha indicado que "todos los mecanismos que la Administración regional tiene en marcha para cubrir los puestos están ajustados a la norma y a la legalidad".
Más aún, el máximo responsable del Gobierno andaluz en la provincia de Málaga ha dejado claro que "se están respetando todos los principios que establece la norma".
Además, ha manifestado que "en todos los procedimientos que hemos tenido de nombramientos no ha habido ni imputaciones ni denuncias, por lo que debemos estar tranquilos".
"Hay garantías de funcionamiento normal y legal, respetando todos los principios para las personas que quieren concurrir a los procesos", ha declarado el delegado provincial, quien ha incidido en que "no hay ninguna lista oficial ni con ningún tipo de membrete".
Por último, ha comentado que ha hablado con Marta Rueda, quien le ha trasladado "la tranquilidad y la confianza" que tiene en la persona que ha sido citada para declarar como imputada el próximo 20 de mayo.
CSI-F
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) en Málaga llevó ante la Fiscalía de Málaga en julio de 2012 el documento, una selección de funcionarios afines al partido, "en la que no figura ningún dato profesional", por entender que "discriminaba a los empleados públicos de la Administración autonómica en función de su afiliación política".
CSI-F acusó a la Delegación de Empleo de la elaboración del listado tras haber comprobado que era éste el entorno desde el que el documento partió hacia los demás organismos.
"Se trata de una relación de puestos de responsabilidad de las distintas delegaciones de la Junta de Andalucía en Málaga, indicando el nombre del titular, su afiliación o no al PSOE y la previsión de su futura promoción", ha puntualizado el sindicato.
También denunció el caso ante la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía, que, por su parte, "no detectó la más mínima infracción administrativa en lo que el juzgado ve un posible delito". Igualmente, se trasladó el caso a la Agencia de Protección de Datos, ya que podría atentar contra el derecho a la intimidad.
