El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Arcos ha fallado sobre el pleito planteado por los vecinos del residencial Jardines de la Verbena contra la empresa promotora Armendáriz y el arquitecto de la obra, para resolver que las partes denunciadas no son culpables del estado ruinoso del edificio que los propietarios han ocupado hasta hace unos años; inmuebles ahora deshabitados pero que sus propietarios siguen pagando al banco mediante hipoteca.
La sentencia apunta a que la situación ruinosa se deriva del movimiento o deslizamiento de los terrenos y no de posibles errores constructivos. También acredita que los daños objeto del pleito no sólo aparecen en el edificio de los demandantes, sino en otros colindantes y que no tienen nada que ver con la situación actual del edificio.
Asimismo, la resolución ha tenido en cuenta los informes periciales y de un arquitecto superior, donde consta que, según un estudio geotécnico previo a la construcción del bloque de viviendas, se realizó la cimentación adecuadamente. En otros términos, la Justicia entiende que el estado ruinoso de las viviendas es consecuencia del deslizamiento de los terrenos que se produce de este a oeste dirección al antiguo parque de bomberos, y no por defectos constructivos. Incluso apunta a que la existencia de las redes de alcantarillado y suministro de agua municipales agravaron el problema de deslizamiento del terreno; aspecto que fue confirmado por la empresa Vorsevi que realizó estudios a este respecto. La sentencia asegura que “no ha fallado la cimentación, sino el terreno” y que “no se sabe a qué distancia está la falla”.
La empresa Tedeco, Ingenieros SL certificó previamente a la obra de construcción que no era preciso un estudio de estabilidad. Posteriormente ha declarado que un deslizamiento del terreno a 25 ó 30 metros de profundidad es muy difícil de detectar.
El Ayuntamiento de Arcos, en Comisión de Gobierno celebrada el 3 de marzo de 2003 concedió las licencias para las obras, para otorgar la primera licencia de ocupación el 23 de febrero de 2005.
Al parecer, en la sentencia emitida ha sido determinante el testimonio del arquitecto superior Emilio Yanes, responsable de los estudios y trabajos que se acometen en estos momentos para la estabilización de la ladera oeste de Arcos, ya que este profesional concluye que el problema de deslizamiento no era previsible, como también señala que no se aprecia error en la construcción del edificio.
Sin embargo, la sentencia deja claro que el Ayuntamiento de Arcos nunca debió permitir la construcción de viviendas en La Verbena. Por último, concluye que al quedar desestimada la demanda, son los demandantes los que deben correr con las costas judiciales, que ascenderían a unos 300.000 euros.
Los propietarios de las viviendas comenzaron a apreciar grietas y desperfectos en los inmuebles desde el momento de entrega de las viviendas; daños que fueron reparados. Sin embargo, en 2008 aparecieron nuevos daños que aumentaron un año después debido a la apertura de la junta de dilatación del edificio y giro de un uno de los bloques respecto del otro.
Los vecinos afectados por el fallo judicial, en torno a veinte, no dan crédito a la sentencia, y a estas horas se siguen preguntando quién pagará por la desgracia que han sufrido. Compraron con la máxima ilusión sus viviendas en una zona en expansión, junto al principal parque de la ciudad y al recinto ferial. Apenas han ocupado las viviendas cinco años. Muchos viven de alquiler, otros con familiares, pero aún siguen pagando al banco.
Mientras tanto, las administraciones públicas continúan trabajando en el lugar con la empresa Tragsa para la estabilización de los terrenos, extrayendo agua de la ladera de la Verbena e inyectando hormigón a la cimentación de los bloques; una millonaria actuación que ha implicado al Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, que firmaron en su día un convenio tripartito para sufragar la actuación. que teóricamente consolidará los terrenos para así evitar futuros deslizamientos.
La situación, que afecta en mayor o menor medida a otros bloques de viviendas colindantes, ha provocado que los inmuebles no se puedan vender, como intentan sus propietarios desde hace años.
