El Ayuntamiento de Armilla (Granada) ha defendido la legalidad del sueldo que la consejera delegada de Fermasa cobraba en el periodo comprendido entre el 2007-2011, desmintiendo de forma "rotunda" las declaraciones que en este sentido ha realizado el portavoz del PP en el municipio y exalcalde, Antonio Ayllón.
En este sentido, Dolores Cañavate, la actual consejera delegada y primera teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Armilla, ha manifestado en un comunicado su "sorpresa" por estas declaraciones y ha mantenido que los cargos públicos son considerados trabajadores por cuenta ajena, según recoge la actual normativa, "debiendo cotizar por desempleo".
Así, ha añadido que si el consejero delegado y concejal del Partido Popular, Francisco Jiménez, no cotizaba por este concepto, "es porque se trata de un funcionario público en excedencia, circunstancia por la cual no podía cotizar en este concepto y que supone la única diferencia entre las nóminas de estas dos personas que han ostentado el cargo".
Además, dice no entender cómo el portavoz del PP desconoce esta consideración para los cargos públicos cuando en su equipo de gobierno "al menos 4 concejales han tenido exactamente los mismos conceptos de cotización".
De hecho, asegura que fue el propio Ayllón, como presidente de Fermasa, el que el 24 de Junio de 2011, le practicó la liquidación de su contrato, los conceptos y cantidades que debía percibir, "sin que apreciara irregularidad alguna".
Con respecto las cantidades cobradas por el que en su día fuera el director-gerente de la Sociedad, la Consejera Delegada manifiesta que el contrato y las claúsulas salariales de este cargo fueron aprobadas en el Consejo de Administración de 8 de Septiembre de 1999 y que si Ayllón tenía alguna duda sobre ello, "ha tenido tiempo en sus 18 meses, como alcalde y presidente de Fermasa, de haber comprobado a que obedecían estos pagos".
"El Ayuntamiento de Armilla sólo entiende las declaraciones de Ayllón como un intento desesperado por desacreditar la dirección de Fermasa, dado que la Junta General de dicha empresa municipal aprobó el pasado lunes día 8 de julio ejercer acciones penales por posible delito de prevaricación y acciones legales por causar daños a la sociedad al ampliar el contrato del exdirector gerente de la Feria sin ser competente, sin dar cuenta al Consejo de Administración y sin el preceptivo registro en el INEM".
"Eso es en realidad" lo que a su juicio tiene que explicar ante la ciudadanía Ayllón, "ante los trabajadores de Fermasa y ante la autoridad judicial, porque mientras condenaba a la plantilla de Fermasa con un ERE, compensaba a un alto cargo con un anexo a su contrato, blindándolo con otros 25.000 euros", ha mantenido.
