Dos personas han sido imputadas por la Guardia Civil por un supuesto delito de falsedad documental al expedir certificados de destrucción de vehículos para su baja definitiva, que no era llevada a efecto, y posteriormente vender las piezas al mercado.
Dentro de las inspecciones de establecimientos productores de residuos peligrosos, el pasado octubre fueron detectados en dos instalaciones de Marbella seis vehículos que se encontraban dados de baja definitiva, y que supuestamente deberían haberse descontaminado y tratado como establece la normativa medioambiental, ha informado hoy la Guardia Civil en un comunicado.
Los agentes detectaron un primer vehículo desguazado y cuyo motor no había sido descontaminado, pese a que constaba de baja definitiva y cuyo certificado de destrucción indicaba que el mismo había pasado por un centro de tratamiento autorizado.
Esto les llevó a un taller de reparación de vehículos situado en San Pedro Alcántara, en Marbella, donde se comprobó que en dichas instalaciones se realizaban supuestas operaciones no autorizadas de tratamiento y descontaminación de vehículos.
En ese lugar se almacenaban grandes cantidades de piezas de vehículos que eran comercializadas, y también localizaron otros cincos vehículos dados de baja definitiva y que deberían haberse encontrado descontaminados en un centro autorizado de Algeciras (Cádiz).
Las gestiones realizadas permitieron conocer que los propietarios de los vehículos los llevaban a las instalaciones de San Pedro Alcántara, que servía de intermediario para que un centro autorizado de tratamiento de vehículos de Algeciras expidiera los correspondientes certificados de destrucción al objeto de dar de baja definitiva los vehículos.
Este centro, sin materializar la retirada de los vehículos y sin proceder a realizar las operaciones de tratamiento y descontaminación de los residuos peligrosos, tramitó la baja definitiva de los seis vehículos ante la Jefatura provincial de Tráfico de Cádiz.
Para ello, presentaron unos certificados de destrucción que acreditaban las operaciones de descontaminación en el citado centro, operaciones que nunca llegaron a realizarse.
La legislación vigente sobre las operaciones a realizar en un vehículo al final de su vida útil establece la entrega del mismo a un centro de tratamiento para su descontaminación.
Por ese motivo, los agentes han imputado un supuesto delito de falsedad documental a la persona que certificaba la destrucción de los vehículos y tramitaba su baja definitiva y al gerente del centro autorizado de tratamiento.
Asimismo, han intervenido seis vehículos y han formulado denuncias administrativas a las instalaciones relacionadas con la supuesta falsedad documental por varias normativas medioambientales.
