El Ayuntamiento de Orozko ha anunciado que colocará la bandera española en el Consistorio "por imposición legal". El gobierno local ha expresado su desacuerdo "con esta imposición de un símbolo ajeno, que va en contra de la democracia por no respetar la voluntad popular".
La corporación municipal de Orozko está formada por cinco ediles del grupo independiente Adie, con su alcalde a la cabeza, Josu San Pedro Montalban, cuatro de PNV y dos de Bildu.
El Ayuntamiento ha informado de que este jueves termina el plazo para que el Consistorio haga ondear la bandera española en el exterior y en el interior de la Casa Consistorial. En este sentido, ha asegurado que "va a cumplir la obligación impuesta" por el auto judicial remitido hace quince días por el Juzgado contencioso-administrativo número 4 de Bilbao.
En él indica que, en el caso de no colocar esta enseña, el Juzgado podrá pedir auxilio "a las autoridades y agentes que la coloquen, además de imponer multas coercitivas y exigir la responsabilidad penal del alcalde".
El Gobierno local ha expresado "su malestar ante esta exigencia". "Desde el equipo de gobierno queremos manifestar nuestro total desacuerdo con esta imposición de un símbolo que nos es ajeno y no nos representa. Creemos que este tipo de actitudes atacan de lleno a la esencia misma de la democracia porque no respetan la voluntad popular, ya que la ausencia de la bandera española en el Ayuntamiento nunca ha generado ningún conflicto y ningún orozkoarra ha solicitado su colocación", ha añadido.
Por ello, "desaprueba la obligación de hacernos ir en contra del sentir mayoritario de nuestro pueblo y por eso para nosotros hoy es un día triste".
Asimismo, ha señalado que, desde la Delegación del Gobierno en Euskadi, el 2 de diciembre de 2011 llegó una notificación en la que se apuntaba que "se tiene conocimiento de que la bandera española no ondea en la fachada principal del Ayuntamiento".
En esta línea, recordaba al Ayuntamiento que, para cumplir el artículo 3.1 de la Ley 39/1981, la bandera deberá ondear en la fachada y se daba un plazo de un mes para colocarla.
Por no cumplir con la Ley de Banderas, el Consistorio recibió la sentencia el 6 de septiembre en la que, a pesar de reconocer "la sinceridad de la objeción de conciencia" del alcalde, condena al Ayuntamiento a hacer ondear la bandera oficial del Estado en el exterior y en el lugar principal del interior del edificio.
