La Fiscalía de Cádiz ha pedido penas de entre 23 meses y tres años de cárcel para un sindicalista y dos afiliados de CCOO que supuestamente participaron en 2012 en unos incidentes ocurridos durante una marcha de trabajadores de Navantia de San Fernando (Cádiz), ha informado el sindicato.
Entre los acusados está José Antonio Oliva, presidente del comité de empresa de Navantia-San Fernando y del comité intercentros de los astilleros públicos, según fuentes sindicales.
El sindicalista y los dos afiliados a CCOO han recogido esta miércoles en el Juzgado de San Fernando el auto de apertura del juicio oral por cuatro delitos y una falta de los que se les acusa por unos incidentes ocurridos en una marcha de trabajadores de Navantia hasta el centro de San Fernando en la que se produjo una carga policial después de que se registraran incidentes en la puerta de la sede del PP local, según han recordado hoy fuentes sindicales.
En una nota de prensa, CCOO de Industria rechaza "la desproporcionada decisión judicial" y la tacha de "tremendamente exagerada" y de ser "un ejemplo más de la deriva autoritaria que han tomado las actuaciones de los poderes públicos contra los sindicatos".
Según un informe de los servicios jurídicos de CCOO, "ya se han abierto 49 procedimientos a 147 representantes y dirigentes del sindicato, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal".
Para CCOO "se trata de una restricción ilegítima de los derechos democráticos y de una nueva vuelta de tuerca en la cruzada que ha emprendido el Gobierno contra las organizaciones sindicales".
Son "penas tan desproporcionadas como la actuación de la policía que tuvo lugar ese día", añade.
CCOO recuerda que aprobó hace unas semanas una declaración en la que expresaba su preocupación por "la deriva autoritaria que están tomando las actuaciones de los poderes públicos contra los sindicatos"
El sindicato advierte de que no va a permanecer "callado ni parado ante estos desatinos" y que por ello ha puesto en marcha una campaña de información y protesta para denunciar "la ofensiva penal contra el derecho de huelga y el intento de criminalización de los sindicatos que se está produciendo en nuestro país".
Además, ha activado "una agenda de contactos y reuniones" con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder judicial, las organizaciones profesionales de la justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y los grupos parlamentarios para trasladarles la situación.
