El tribunal del caso Malaya, que investiga la mayor trama de corrupción conocida en España, ha asegurado que sería "imposible" ejecutar la sentencia de casación que tiene que dictar el Tribunal Supremo, tras revisar los recursos el próximo 16 de julio, con una sola funcionaria de refuerzo.
Esta semana la Junta de Andalucía ha cesado a una funcionaria de refuerzo que tenía la sección bis que se creó en la Audiencia de Málaga para el caso Malaya por lo que la Sala se ha quedado ahora con solo una empleada.
La decisión de la Junta ha sorprendido a la mayoría de los personados en el procedimiento ya que no comparten la decisión adoptada por todo el trabajo pendiente y porque en breve la sentencia de casación volverá a los juzgados de Málaga para su ejecución.
Es por ello que el propio Tribunal "preocupado" con la decisión ha pedido por escrito a la Delegación de Justicia que "es necesario y urgente" que para la ejecución de la sentencia "sea esta funcionaria de refuerzo a la que nombren" junto a la otra empleada de auxilio que ya está, según el escrito al que ha tenido acceso Efe.
Desde que llegó la causa de Marbella estas dos funcionarias han sido las que han llevado el procedimiento y fuentes cercanas al Tribunal han reconocido a Efe en numerosas ocasiones que sin el trabajo de estas dos funcionarias, que conocen todo el entramado de la causa, la Sala se podría quedar indefensa.
Debido a ello, el Tribunal ha remitido un escrito al jefe de personal de la Delegación de Justicia y Administración Pública de Málaga donde no solo piden a la misma funcionaria que han cesado sino que advierten de los problemas que conllevan mandar a alguien diferente.
"Mandar a alguien ajeno a las peculiaridades" que se han visto en Malaya "sería cuanto menos, un retraso en dicha ejecución al tener que empezar de nuevo a enseñar en tan extensa labor", ha subrayado el Tribunal de Malaya en el escrito.
Además de ejecutar la sentencia del Supremo esta sala bis actualmente está con la transcripción de la vista oral que se ha celebrado el pasado mes contra el exconcejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) Francisco Javier Lendínez, que estuvo durante casi cinco años fugado y no pudo ser juzgado en el macrojuicio.
También está pendiente el levantamiento de los embargos y terminar de cumplimentar cada una de las piezas de responsabilidad civil de cada procesado. Además, hay cuatro comisiones rogatorias en Alemania y Suiza que hay que cumplimentar y los abogados continúan solicitando documentación que hay que buscar entre más de un millón de documentos que se encuentran en el archivo.
Actualmente, ya se están ejecutando provisionalmente algunos de los bienes del exasesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, que ya ha abonado al Ayuntamiento de Marbella a través de su administrador judicial 1,7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por el caso Saqueo 1.
La que fuera secretaria judicial en este procedimiento Inmaculada Núñez Pedraza, que ha sido la "mano derecha" del tribunal en los últimos tres años, ya mostró el año pasado su preocupación si no se le renovaba a ambas el contrato.
"Son las únicas que pueden localizar toda la documentación, bridas, entradas y registro", entre otros trámites judiciales, han insistido todas las fuentes jurídicas consultadas por Efe.
