La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputado este martes tres delitos a Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, sexto hijo del empresario jerezano imputado en la causa, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.
Abogados presentes en la comparecencia han informado a los periodistas de que la juez Mercedes Alaya ha imputado tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias a Alfonso Ruiz-Mateos en relación al ERE de Dhul y a las ayudas recibidas por tres bodegas de Jerez de la Frontera (Cádiz) vinculadas al grupo.
Las mismas fuentes consultadas han precisado que ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones personadas han solicitado ninguna medida cautelar ni fianza de responsabilidad civil para el imputado.
La juez también ha citado este martes como imputado al exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, al que ha imputado por su papel en relación a las ayudas recibidas por la multinacional del tabaco Altadis, mismo motivo por el que ha imputado a su compañera de sindicato, Blanca Uruñuela.
Otro imputado citado para este martes es Álvaro Mollinedo Gómez como responsable de Relaciones Laborales de la Delegación de Andalucía de FCC-Medio Ambiente.
Igualmente, y en relación a las mercantiles Cespa y FCC, Alaya ha citado este martes a Francisco Jardón, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), y a Juana Mancilla, "como personas que participarían activamente en facilitar los pagos realizados por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo a las referidas empresas".
