También el grupo de IU llevará el tema de los Baños del Carmen al pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves. En concreto, solicitará la comparecencia del alcalde, Francisco de la Torre, para que explique su posición respecto al cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que insta a iniciar el rescate de la concesión y para que informe de los daños que bienes patrimoniales protegidos del antiguo balneario han sufrido recientemente.
"No entendemos por qué no se inicia inmediatamente el rescate de los Baños del Carmen ni por qué las administraciones públicas y en especial el Ayuntamiento y el Gobierno central, a través de la Demarcación de Costas, no hacen otra cosa que liar más aún la maraña con declaraciones interesadas o contradictorias", ha afirmado el portavoz de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla. A su juicio, el objetivo parece ser "querer ganar tiempo para encajar las propuestas privadas que hay encima de la mesa".
Además, ha criticado que "una vez más hayan dejado sin fondos públicos" la rehabilitación integral del conjunto de los Baños del Carmen, así como la regeneración de la playa, al no haber contemplado ninguna partida ni en las próximas cuentas municipales --aunque en años anteriores se incluyeron y no se ejecutaron-- ni en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015.
"Lo que toca ahora es obtener las instalaciones y rescatarlas, tal y como establece la sentencia de la Audiencia Nacional, en vez de marear tanto la perdiz con un futurible concurso público para privatizar parte de las instalaciones o este espacio en su conjunto", ha señalado a Europa Press, haciendo hincapié en que "las administraciones públicas podrían optar a dar un uso público a estas instalaciones".
EDIFICIO PROTEGIDO
Por otra parte, más allá de los desperfectos ocasionados por el último temporal en las columnas de hormigón y otros elementos del antiguo balneario de los Baños del Carmen, que es un edificio protegido y por lo que también el PSOE ha pedido la comparecencia de De la Torre, Zorrilla ha alertado de la realización de obras en las instalaciones que afectan a bienes patrimoniales con protección.
"No sabemos si se ha otorgado licencia de obra mayor o menor ni qué supervisión se está ejerciendo por parte del equipo de gobierno del PP a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo", ha manifestado el edil de IU, por lo que ha reclamado a De la Torre conocer el detalle de los permisos que se hayan otorgado en este enclave en los dos últimos años, de posibles expedientes de disciplina urbanística y de los daños que se hayan podido ocasionar.
Sobre la sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 2014, la Demarcación de Costas ya especificó, en un escrito dirigido a la Junta de Andalucía, que "permite continuar el procedimiento de rescate o incoar uno nuevo, pero en ningún caso ordena a la Administración del Estado la incoación del expediente".
Según Costas, "la sentencia ampara esta nueva incoación del expediente, al declarar la plena legalidad de la resolución de 14 de noviembre de 2011 de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que confirma en reposición la orden del 3 de noviembre de 2010 por la que se declara la utilidad pública del rescate de las concesiones referidas y se ordena a la Demarcación de Costas la incoación del expediente de rescate --inicio que ya había llevado a cabo el 29 de diciembre de 2010--".
GRÚA MUNICIPAL
IU también pedirá la comparecencia en el pleno de la concejala de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, para determinar si medió para que la grúa municipal no retirara un coche mal aparcado ante la llamada de un empresario. Una polémica por la que la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa) ya ha iniciado un proceso informativo interno.
Aunque el propio alcalde, Francisco de la Torre, ha rechazado que haya habido trato de favor --de hecho, la multa ha seguido la tramitación correspondiente--, la coalición considera que "la actitud arbitraria de la edil ha puesto de relieve el mapa de las calles donde el servicio de la grúa no puede ni acercarse, puntos determinados donde aparcar no se traduce en sanción".
"Los trabajadores de la grúa afirman que están hastiados de que, además de los insultos de los ciudadanos, tengan que soportar amenazas de personas cercanas a miembros de la Corporación municipal y que, con el apoyo de éstos, dejen en entredicho la actuación de los empleados", ha indicado Zorrilla.
Izquierda Unida ya presentó en la pasada Comisión de Pleno de Movilidad una moción, que fue rechazada por el PP, reclamando la apertura de una investigación interna para aclarar si existen actuaciones arbitrarias desde la jefatura de Smassa o desde directivos y miembros del equipo de gobierno, y si estos hechos podrían constituir "una posible prevaricación administrativa".
