El Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez ha admitido a trámite la ampliación de la querella de la sociedad Urbanos Amarillos, la que fuera concesionaria del servicio de los autobuses urbanos en el municipio, contra el gobierno local de Jerez y ha citado a declarar a 13 personas, entre los que se encuentran cuatro concejales del PP, en calidad de imputados.
En el auto dictado por el juez,el titular del Juzgado de Instrucción número 4 cita a declarar a 13 personas en calidad de imputados entre delegados municipales y altos cargos por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, prevaricación y administración desleal por el caso del rescate de la concesión del servicio de transporte urbano a la sociedad denunciante en junio de 2012.
Entre los citados a declarar se encuentran el primer teniente de Alcaldía, portavoz municipal y secretario provincial del PP, Antonio Saldaña; el delegado de Recursos y Seguridad, Javier Durá; el de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz; y el de Economía, Enrique Espinosa.
Tanto Saldaña como el resto de acusados tendrán que acudir a los juzgados de instrucción entre los días 14 y 16 de abril tras haber sido admitida a trámite la ampliación demanda de la empresa sevillana por la decisión municipal de "secuestrar el servicio" en vísperas de la Feria del Caballo de 2012 ante los "reiterados incumplimientos" de la entonces concesionaria alegados por el gobierno municipal del PP.
Sobre la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, que ya declaró de forma voluntaria en el mes de noviembre --antes de la ampliación de la querella-- el juez considera que "procede inadmitir a trámite la querella respecto de María José García-Pelayo, al ostentar ésta la condición de senadora según se ha acreditado en la causa, y estar aforada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), por lo que invita a Urbanos Amarillos a "dirigir la acción penal" ante la Sala de lo Penal del TS.
REACCIÓN MUNICIPAL
Por su parte, el Gobierno municipal considera que la nueva querella de Urbanos Amarillos sobre la compra de autobuses durante la época del PSOE es “un paso más para intentar presionar al Ayuntamiento en el proceso de resolución del contrato con la propia empresa y en función del cual el Ayuntamiento está llevando la gestión directa del servicio, cumpliendo con la ley”.
Esta nueva querella se suma a la que fue desmentida en noviembre pasado por el Ejecutivo con la declaración de la alcaldesa en los juzgados, a los que se trasladó una copiosa documentación sobre el proceso de “secuestro” del servicio en mayo de 2012 y el proceso de resolución de contrato con Urbanos Amarillos.
De igual modo, el Gobierno local “considera que estamos ante un caso de deslealtad flagrante en el proceso de negociación con la empresa, ya que la última reunión al respecto se produjo el pasado 4 de febrero en el propio Ayuntamiento. Es más, antes de este encuentro hubo sobre diez reuniones entre representantes de la empresa y del Ayuntamiento en el marco de tal negociación. Incluso esta nueva querella parece tener tintes políticos porque, como todo el mundo sabe, Urbanos Amarillos fue la empresa contratada por el PSOE para asumir días antes de las elecciones municipales que perdió en 2011”.
La empresa concesionaria Urbanos Amarillos, que llegó de la mano del gobierno del PSOE en vísperas de las elecciones municipales de 2011 para asumir el servicio de manera definitiva tras hacerlo varios meses de manera provisional, “demostró desde el primer momento su incapacidad para gestionar el servicio de autobuses urbanos en la ciudad, provocando una situación caótica que derivó en la paralización del servicio, que es básico para la ciudadanía. Una paralización debido a las huelgas de los trabajadores ante los continuos impagos de Urbanos Amarillos”.
“Los jerezanos son conscientes, porque lo sufrieron, de cuánto daño hizo al servicio y a la propia ciudad esta concesión del servicio de autobuses a Urbanos Amarillos, que no tenía capacidad para asumir su gestión”, ha indicado el Gobierno local.
Los responsables de Urbanos Amarillos “son los primeros en ser conscientes de que este Gobierno no ha cometido ningún delito. Esta nueva querella, al igual que la de noviembre, no tiene razón de ser ya que la resolución contractual y la asunción de la gestión del servicio están avaladas por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, aparte de los informes de los técnicos municipales emitidos a lo largo de un procedimiento que se tramitó de forma escrupulosa, una documentación además que ya se trasladó al juez en noviembre”.
Al igual que con respecto a la querella presentada en noviembre pasado por dos sociedades del grupo al que pertenece Urbanos Amarillos (empresas que avalaron la compra de los Volvos que presentó la entonces delegada del PSOE, María del Carmen Martínez el 7 de mayo de 2011) el Ejecutivo “confía en el archivo de esta nueva querella ya que tampoco tiene fundamento”.
Cabe recordar que “la Ley de Contratos de Sector Público y el Reglamento de las Corporaciones Locales permiten que, cuando el Ayuntamiento recupera un servicio, los bienes afectos al mismo se mantengan, siendo en el proceso de liquidación de la concesionaria, donde se hace la valoración correspondiente y se liquida lo que corresponda”.
Del mismo modo, el Ejecutivo ha subrayado que precisamente el 12 de noviembre pasado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía notificó una sentencia al Ayuntamiento que declaró definitivamente que el secuestro de la concesión es totalmente ajustado a derecho, y que se debió a incumplimientos acreditados de la concesionaria que determinaron que no se prestara el servicio público que tenía encomendado.
EL PSOE CONTRA SALDAÑA
A tenor de esta información, la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha solicitado hoy públicamente al presidente del PP gaditano, Antonio Sanz, que retire la candidatura del jerezano Antonio Saldaña al Parlamento de Andalucía, tras conocerse hoy su segunda imputación por la Justicia en menos de un año.
