El funcionario de la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que ha sido denunciado por la Fiscalía por realizar supuestamente solicitudes de carácter sexual a cambio de favores a, al menos, cinco internas de la prisión, se encuentra suspendido de empleo y sueldo desde el mes de noviembre del pasado año 2014.
Fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han informado a Europa Press de que fue el día 19 de noviembre de 2014 cuando el secretario general de este departamento, Ángel Yuste, decidió suspender en sus funciones, es decir, de empleo y sueldo, al funcionario, que a día de hoy continúa suspendido.
Las mismas fuentes han precisado que todo comenzó el 3 de julio de 2014, cuando Yuste decidió la apertura de una información reservada sobre este funcionario a la vista de un informe elaborado por la directora de la cárcel, tras lo que el 20 de octubre de ese año ordenó abrir un expediente disciplinario por supuestas irregularidades cometidas por este trabajador.
Seguidamente, ya el 18 de noviembre de 2014, el secretario general de Instituciones Penitenciarias remitió el expediente a la Fiscalía y, finalmente, un día después suspendió al funcionario de empleo y sueldo, situación en la que continúa a día de hoy.
LOS HECHOS
Fuentes judiciales, de su lado, han señalado a Europa Press que, tras serle remitido el expediente, la Fiscalía de Dos Hermanas decidió a principios de año abrir diligencias de investigación contra el funcionario.
Tras ello, y en el marco de esas diligencias de investigación, el Ministerio Público interpuso una denuncia contra el funcionario por tres presuntos delitos, en concreto un delito de negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos del artículo 443.2 del Código Penal; un delito de abusos sexuales del artículo 181, y un delito contra la integridad moral del artículo 175 del Código Penal.
Esta denuncia ha motivado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra haya abierto una investigación al respecto, en el marco de la cual ha citado a declarar a lo largo del presente mes de julio, concretamente el próximo día 21, a las reclusas afectadas para que ratifiquen los hechos, tras lo que tomará declaración al funcionario.
Según las fuentes consultadas, los hechos denunciados se referirían a episodios ocurridos desde, al menos, el mes de agosto de 2012.
