La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Ángeles Luna, ha subrayado que "el ADN progresista", que marca las políticas del Gobierno andaluz presidido Susana Díaz, es el que mantiene viva la Ley de Dependencia en Córdoba y en el resto de Andalucía, a pesar "de las políticas del Estado", establecidas por el Gobierno que preside Mariano Rajoy.
En este sentido y en una entrevista, Luna ha señalado que dichas políticas del Gobierno central "están poniendo en peligro la aplicación de la Ley", pero, afortunadamente, "en Andalucía nos creemos las políticas sociales, por ese ADN progresista, que nos lleva a que, con tal de poder aplicar la Ley de Dependencia, estamos aportando el 80 por ciento de la financiación de la Dependencia cuando, por Ley, tendríamos que aportar el 50 por ciento".
Esto lo que significa, según ha criticado la delegada de Políticas Sociales, es que "el Estado no está haciendo los deberes", por la sencilla razón de que el Gobierno central "no cree en el Estado del Bienestar, y la Junta de Andalucía sí", de forma que, "aunque es cierto que algunas veces pagamos con retraso, no a los dependientes, sino a los ayuntamientos, pero como creemos que el sistema funciona, queremos seguir manteniéndolo", de ahí el esfuerzo presupuestario extra que hace la Junta, aportando el dinero que no pone el Gobierno de la Nación.
Tanto es así, según ha argumentado Luna, que "en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 se ha reducido el dinero para la Dependencia un 18,6 por ciento", siendo el resultado que "la Junta destina a financiar la Dependencia en Andalucía casi lo mismo que el Estado dedica para toda España, que son 1.200 millones de euros, por los 1.131 que se invierten" por la Administración autonómica.
Pero es que, además, según ha resaltado la delegada, "la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se comprometió a contemplar en los presupuestos andaluces un diez por ciento más para las prestaciones, lo que supone una apuesta decidida para que los dependientes sigan estando protegidos".
En concreto, en la provincia de Córdoba "tenemos más de 16.800 dependientes, que son beneficiarios de unas 23.000 prestaciones, en atención residencial, centro de día, servicio de ayuda a domicilio, plazas vinculadas al servicio, asistencia personal, cuidados en el entorno familiar y la teleasistencia".
En cualquier caso, a juicio de la delegada se hace necesario "blindar estas asistencias a los dependientes", de ahí que, "desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, se propone impulsar un gran pacto para blindar la Ley de Dependencia".
Junto a ello, según ha concluido Luna, la Consejería pondrá en marcha "el Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y de Prevención de la Dependencia", para así "incluir a los dependientes de grado uno, es decir, personas dependientes que no necesitan estar ingresados en ninguna residencia, ni grandes cuidados, pero que sí precisan una serie de cuidados para ser autónomos".
