El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha tramitado por tercera vez una Comisión Rogatoria para instar a las autoridades marroquíes a que le remitan las autopsias practicadas a los diez cadáveres de inmigrantes subsaharianos que fueron recuperados en el Reino alauita tras la tragedia del 6 de febrero del año pasado, cuando perdieron la vida 15 personas intentando acceder a la ciudad a través del espigón marítimo fronterizo del Tarajal. En las dos ocasiones anteriores no se contestó a la solicitud.
Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el Juzgado dará "un tiempo prudencial" para esperar una respuesta como paso previo al final de la instrucción de las diligencias previas después de que ninguna de las partes personadas haya solicitado la práctica de más pasos en la investigación de los hechos.
Una vez que haya o no contestación, la titular del Juzgado podrá instar a las partes a calificar los hechos o archivar las diligencias si no aprecia delito en los hechos. En su caso, cabrá la formulación de un recurso de reforma ante el propio Juzgado instructor o de apelación ante la Audiencia Provincial.
El pasado mes de abril la jueza rechazó la petición de la defensa de los guardias civiles citados a declarar como imputados para sobreseer la causa. Antes, en febrero, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia, la instructora vio denegada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu su propuesta para inhibirse.
Para el magistrado en ese momento procesal no estaba acreditado si las muertes se produjeron en España, en Marruecos o en territorios de ambos reinos, puesto que los cadáveres se rescataron tanto en aguas marroquíes como en aguas españolas, "siendo así que las corrientes marinas pudieron haber trasladado los cuerpos a uno u otro lado".
A juicio de Andreu, si bien el lugar de la muerte estaba por acreditar, cabía concluir como "certeza" que la actuación de la Guardia Civil se produjo "en y desde territorio español sin que nadie ponga en duda esta circunstancia" aunque no podía afirmarse con rotundidad que dicha actuación fuera la causa de la muerte de los migrantes.
Durante los últimos meses han declarado en sede judicial 16 guardias civiles (trece agentes, un capitán, un teniente y un sargento) que se encontraban en la playa del Tarajal aquella mañana para dilucidar si hubo relación causa efecto entre su actuación y la muerte de al menos cinco de los quince fallecidos, aquellos cuyos cuerpos fueron recuperados en aguas españolas.
El coronel jefe de la Comandancia local de la Guardia Civil, José Luis Gómez Salinero, aseguró el pasado viernes en el acto institucional por la Patrona de la Benemérita que la tragedia ya "forma parte" del "acervo profesional" del Instituto Armado "a modo de lecciones aprendidas" y lamentó la "incertidumbre" que "asiste a determinado personal dada la situación procesal en la que están incursos a pesar del tiempo transcurrido".
También han sido citados a testificar miembros del colectivo 'Caminando Fronteras' y el médico forense e investigador Luis F. Callado de la Universidad del País Vasco (UPV), el último declarar, que ratificó las conclusiones del informe en el que concluyó que "existieron elementos relacionados con la intervención de terceras personas (uso de pelotas de goma, botes de humo, creación de un ambiente de pánico y una situación de agotamiento de las personas) que pudieron contribuir de manera significativa como un elemento coadyuvante en el fallecimiento de estas personas".
