El Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía dieron ayer un nuevo paso para desbloquear el conflicto de las viviendas de Las Protegidas, enquistado desde que en 2006 los inmuebles se inscribieron en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con la oposición de sus propietarios, que no pueden acometer obras estructurales en sus edificios.
En una reunión con buena sintonía entre el alcalde, Javier Márquez, y el secretario general de la Consejería de Cultura, Eduardo Tamarit, se acordó crear una comisión técnica entre las dos Administraciones para delimitar lo que el alcalde llamó como “líneas rojas” de las actuaciones que se pueden acometer o no por los vecinos en sus viviendas.
Tamarit mostró el compromiso de la Junta a actuar “con toda la flexibilidad posible”, pero precisó que deberán respetar la sentencia del TSJA que confirmó la protección de esas viviendas. Y el alcalde abundó al respecto al indicar que esa comisión, a la que se sumarán técnicos de la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta, deberá poner “las bases para una solución razonable”. Una solución, dijo Márquez, que “respete el patrimonio andaluz y que, por otra parte, también garantice las necesidades de viviendas dignas" de los vecinos”. El alcalde también reclamó a la Junta que se cumplan las ayudas anunciadas en 2009 por la Consejería de Vivienda para la rehabilitación integral de estos inmuebles. Mientras tanto, los vecinos de Las Protegidas han aparcado las concentraciones de protesta hasta valorar los acuerdos alcanzados entre Junta y Ayuntamiento.
El alcalde de Jaén, Javier Márquez, que semanas atrás se comprometió con los vecinos de Las Protegidas a mediar ante la Junta, pidió ayer que este conflicto “no se enquiste” y se aborde “con la mayor celeridad posible”. Y es que Márquez recordó que ha habido inspecciones técnicas de edificios negativas que ha derivado en que uno de los bloques, el 1060 José Antonio, tenga una orden de desalojo. “Se está poniendo en riesgo la seguridad de las personas”, dijo Márquez, para justificar su petición de máxima celeridad por la comisión técnica.
