El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer abrir una “amplia reflexión” y un estudio sobre posibles incapacidades o jubilaciones forzosas de jueces que por circunstancias médicas podrían tener mermada su capacidad, lo que les limitaría para desempeñar sus funciones.
Así lo indicó en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, a raíz de la decisión del pleno de suspender de funciones durante cinco meses a la magistrada titular del juzgado número 2 de Gijón, Rosario Fernández Hevia, por retrasos reiterados en la resolución de procesos.
El pleno, según Bravo, acordó por unanimidad dicha sanción por una falta muy grave de retraso reiterado, así como imponer a la juez una multa de 400 euros por una falta grave de desatención a los requerimientos de informe efectuados por el órgano de gobierno de los jueces.
El 20 de junio de 2007, el Consejo acordó abrir expediente disciplinario a esta magistrada, que acumula 148 casos pendientes de sentencia y que en 2001 fue separada del cargo de juez decana de Gijón por sus críticas a la pasividad del Ministerio Fiscal en los casos de malos tratos a mujeres.
Bravo explicó que para la determinación de la sanción a Fernández Hevia han tenido en cuenta “las especiales circunstancias médicas que afectan a esta persona”. Además, indicó que el pleno ha entendido que estas circunstancias “han podido aminorar la responsabilidad en los retrasos y en su actuación”.
“Somos conscientes de que hay determinados supuestos que nos podemos encontrar de personas que pueden estar afectadas con determinadas enfermedades y que sufren una merma importante en su capacidad, tanto volitiva como intelectual, y que en consecuencia seguramente ello les limitaría para el desempeño de sus funciones jurisdiccionales”, dijo.
La portavoz del Consejo indicó que el pleno acordó abrir un estudio de “aquellas situaciones en las que podrían verse afectados los titulares de los órganos jurisdiccionales, puesto que consideramos que es de suma importancia dada la gran relevancia que tiene el ejercicio de la función jurisdiccional”, aseguró.
