La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado al Ayuntamiento de Sevilla que elabore un normativa interna que regule el régimen jurídico de las encomiendas de gestión que tengan por objeto la ejecución de obras o servicios, y ha apuntado que en el caso de la empresa pública de vivienda Emvisesa "no queda justificada que la realización de las encomiendas responda a razones de eficacia, eficiencia y buena gestión, al no disponer la empresa de los medios necesarios para efectuarlas".
En su informe de 'Fiscalización de las transferencias efectuadas por el Ayuntamiento de Sevilla a sus entidades dependientes', del ejercicio 2013, el ente fiscalizador ha precisado que la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento presenta obligaciones reconocidas netas de 686.271.593,71 euros, de las que 231.597.426,74 euros se corresponden con las transferencias efectuadas a sus entidades dependientes.
Ha apuntado que las entidades que en ese ejercicio económico fueron beneficiarias de transferencias son la Gerencia de Urbanismo, el Instituto Municipal de Deportes, la Agencia Tributaria de Sevilla, el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, Lipasam, Tussam, Emvisesa, Sevilla Global SA --en disolución--, Fundación Alberto Jiménez-Becerril y la Asociación para la promoción exterior de Sevilla.
Entre las conclusiones, el ente ha apuntado que el procedimiento establecido por el Ayuntamiento para presupuestar las necesidades de sus entidades dependientes "no queda reflejado en un expediente concreto".
Ha precisado que en 2013 la entidad local ha aprobado modificaciones presupuestarias por importe de 48.381.193,07 euros, de los cuales 21.526.231,80 (el 44 por ciento) se corresponden con modificaciones que inciden sobre las transferencias a sus entidades dependientes.
Destacan el suplemento de crédito aprobado para financiar a Tussam (4.346.133 euros) y la ampliación de crédito de la Agencia Tributaria (10.830.115,65 euros). Además, en este último organismo se ha producido una modificación de 6.933.291,37 euros "que no ha tenido reflejo en el presupuesto del Ayuntamiento, incumpliéndose la normativa", por lo que recomienda a la Corporación que la presupuestación de las necesidades de financiación de sus entes "se realice con concreción y precisión para evitar que sean necesarias modificaciones de crédito considerables".
Asimismo, se ha fiscalizado la ejecución de determinadas encomiendas de gestión en favor de la Gerencia de Urbanismo y de Emvisesa, para realizar obras y servicios, ante lo que el ente fiscalizador considera que el Consistorio "debe elaborar un normativa interna que regule el régimen jurídico de las encomiendas para ejecutar obras o servicios, en la que se incluyan razones que justifiquen usar ese procedimiento, las tarifas que correspondan al ente que asume el encargo, la formalización y publicación de la encomienda o los límites de la subcontratación".
A su vez, considera que los estatutos de la Gerencia de Urbanismo "deben adaptarse para recoger expresamente que éste tiene la consideración de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento".
En el caso de Emvisesa, la Cámara de Cuentas ha apuntado que "aunque tiene la consideración de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento, no queda justificada que la realización de las encomiendas responda a razones de eficacia, eficiencia y buena gestión, al no disponer la empresa de los medios necesarios". Ha añadido que, a su vez, en la ejecución de una de las encomiendas a Emvisesa se ha producido un "retraso considerable" en el pago de las actuaciones encomendadas.
Por ello, se debe incluir en sus presupuestos los créditos para "hacer frente a los gastos que haya asumido con entidades dependientes".
"DISFUNCIONES" EN LA CONTABILIDAD
Por otro lado, la Cámara de Cuentas ha recordado la Agencia Tributaria de Sevilla se financia "mediante un porcentaje de la recaudación efectiva realizada sobre los tributos y otros ingresos de derecho público, en concreto el premio de cobranza" y agrega que además se autoriza al organismo a descontar la cuantía que le corresponde por el premio de cobranza, de tal manera, que la Agencia "no le transfiere al Ayuntamiento el importe íntegro que recauda por los tributos e ingresos de derecho público, sino que previamente le minora el porcentaje que le corresponde de la recaudación efectiva".
Ha apuntado que este procedimiento ha supuesto que "no haya una adecuada correlación entre el presupuesto de ingresos de la Agencia y el presupuesto de gastos de Ayuntamiento" lo que se ha agravado porque "en los presupuestos de 2011, 2012 y 2013 no se han consignado créditos suficientes para atender los gastos de los servicios de la Agencia".
Ha explicado que ello ha llevado que en 2013 "haya sido necesario tramitar modificaciones presupuestarias por 10.830.115,65 euros y compensar a través de cuentas extrapresupuestarias importes entre ambas entidades (6.933.291,37 euros) que no tienen reflejo en el presupuesto".
Por ello, se recomienda a la entidad local que "modifique el sistema de financiación de la Agencia Tributaria, tal y como ya manifestó la Intervención del Ayuntamiento, pues provoca disfunciones y desajustes en la contabilidad municipal" y ve conveniente que la recaudación de tributos e ingresos que ejecute la Agencia "se remita íntegramente al Ayuntamiento y éste transfiera la cuantía para sus gastos".
Según manifiesta la entidad local en sus alegaciones, a partir de 2016 ha aceptado la recomendación de la Cámara y la Agencia Tributaria se financia exclusivamente de las transferencias del Ayuntamiento".
Por otro lado, apunta que se han incorporado remanentes de crédito por 1.308.469,40 euros para que Lipasam desarrolle el 'Proyecto de gestión de residuos en Andalucía', sin que durante 2013 haya tenido ejecución, por lo que se recomienda que se ejecute ese proyecto.
El informe agrega que en 2013, Tussam "ha tenido que hacer frente al pago de 4.556.953,36 euros por la tercera fase del pago a proveedores y también ha formalizado un préstamo de tres millones", ante lo que el ente fiscalizador considera que "debe haber mayor correlación entre las necesidades financieras de las empresas que prestan servicios públicos --en este caso Tussam-- y los créditos aportados por el Ayuntamiento, para evitar las deudas acumuladas por la empresa con sus acreedores ordinarios y los mayores costes por las operaciones de endeudamiento".
El informe además ha apuntado disfunciones en la justificación de las subvenciones nominativas recibidas por la Fundación Alberto Jiménez Becerril, que están incluidas en los presupuestos del Ayuntamiento.
PROMOCIÓN DEL TURISMO
Por último, ha recordado que el Ayuntamiento realizaba la promoción exterior de la ciudad a través de una asociación privada, sin ánimo de lucro, dependiente del Área de Empleo (Asociación para la promoción exterior de Sevilla), cuya financiación se efectúa vía subvenciones nominativas, procedimiento que no cumple con la norma, pues "la justificación de gastos no se relaciona con proyectos concretos, sino que justifican los gastos globales de funcionamiento de la asociación".
Tras recordar que la financiación de las asociaciones privadas "no se puede efectuar mediante transferencias", apunta "distorsiones" al usar el procedimiento de subvenciones nominativas, por lo que considera que la promoción exterior del Ayuntamiento "se debe prestar, bien por la propia entidad local, bien mediante la creación de una agencia pública administrativa local, que puede realizar actividades de promoción".
No obstante, ha recordado que el Consistorio en 2015 acordó la disolución de la Asociación para la promoción exterior de Sevilla.
