Los candidatos de Compromís al Congreso Joan Baldoví y Marta Sorlí han presentado este martes ante Fiscalía Anticorrupción una denuncia por la organización del torneo de golf 'Comunitat Valenciana Masters-Castellón Costa de Azahar', por los que la Generalitat en época de Francisco Camps y la Diputación de Castellón con Carlos Fabra pagaron hasta 13 millones de euros entre 2008 y 2011 a través de un convenio y sin concurso público, lo que consideran que es un "saqueo organizado de las arcas públicas valencianas".
La coalición considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la administración pública. Para Baldoví, "a cualquier ciudadano que le digas que han gastado 13 millones en un torneo de golf cuando aquí tanta gente estaba sufriendo las consecuencias de la crisis, en los años más duros, le parece absolutamente indecente".
Así lo ha manifestado el cabeza de lista de Compromís-Podemos-EUPV 'A la valenciana' por Valencia, junto a la candidata Marta Sorlí, en su atención a los medios en la Ciudad de la Justicia de Valencia tras presentar la denuncia por estos hechos ante Fiscalía.
Según denunció este lunes Compromís, la Generalitat presidida por Francisco Camps y la Diputación de Castellón encabezada por Carlos Fabra pagaron esta cantidad "a dedo" --mediante convenio y no por concurso público-- y con reparos de la Intervención a la empresa Match Golf Consulting, dirigida por una testaferro de Francisco Granados y considerada parte de la trama Púnica por los investigadores judiciales, por organizar entre 2008 y 2011 un torneo de golf en Castellón.
En la denuncia, la formación señala que tuvieron conocimiento de estos hechos a través de una petición de documentación de su grupo parlamentario en las Corts, a través del diputado autonómico y alcalde de l'Alcora, Víctor García, en la que figuraba la firma de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Cultura y Deporte, la Diputación de Castellón y dos empresas para la organización del torneo a realizar anualmente entre 2008 y 2011.
"De este convenio se deriva el compromiso de la Generalitat de realizar una aportación económica anual en concepto de patrocinio. Con fecha de 14 de octubre de 2009 se suscribió la addenda al convenio por la cual la Generalitat se comprometía a aumentar su aportación económica anual al torneo de golf", indican en el documento.
Asimismo, denuncian que las administraciones implicadas "eludieron el concurso público para la realización de la aportación económica al torneo, utilizando la figura del convenio" mientras que "tanto la Abogacía de la Generalitat como la Intervención realizaron informes sobre el convenio en los que se objeta que se debería haber formalizado por medio de un contrato, sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público" y que no se habían "emitido los informes preceptivos que requiere la legislación".
También explican que el torneo de golf "se desarrolló en todas su ediciones en el club privado que en ese momento gestionaba y dirigía el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra".
RELACIÓN CON PÚNICA
Compromís sostiene también en la denuncia que una de las empresas que firmaron el convenio, Birdie Diseño y Clase S.L., firmó una cesión de cobro a favor de la firma Match Golf Consulting S.L., y añaden que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ordenó, dentro de las acciones judiciales derivadas de la Operación Púnica, el bloqueo de todas las cuentas de esta empresa.
Además, indican que la administradora de Match Golf Consulting, María José Marijuán, firmante del convenio, está investigada en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por esta operación, por haber ejercido presuntamente de testaferro del ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados.
"POCA VERGÜENZA"
Según Baldoví, se trata de "un caso más de sinvergonzonería, de poca vergüenza de personajes como Carlos Fabra o Francisco Camps". "Que un señor que presidía Aerocas, la Diputación de Castellón y el club de golf se autoadjudicara con dinero de todos unos torneos cuando peor lo estaba pasando la gente y que ese importe oscile entre los siete millones que tenemos acreditados y los 13 que parece que van aflorando, es absolutamente indecente", ha añadido.
Ha apuntado que creen que la Generalitat aportó 12 millones, 300.000 euros de la corporación provincial castellonense y más de 600.000 por parte de Aerocas, "para organizar un torneo de golf de dudosísima trascendencia".
Asimismo, ha destacado que cuando el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PP a la presidencia, Mariano Rajoy, "habla de casos aislados, estamos viendo que no lo son, son casos conectados, con Madrid y el señor Granados y la mujer de su jefe de gabinete y presunta testaferro de muchos de sus negocios y estamos viendo que también está conectado con casos en las Baleares".
Por ello, considera el candidato al Congreso que son "casos absolutamente organizados de saqueo de las arcas públicas" y ha explicado que han presentado la denuncia en Valencia porque entienden que "es un saqueo organizado de las arcas públicas valencianas". "Tendrán que decidir los jueces de Valencia si lo remiten a la Audiencia Nacional o si hacen una pieza separada y lo investigan aquí", ha comentado.
Además, ha dicho que "no será la última vez" que presenten una denuncia porque "conforme avanza el tiempo, vamos viendo que cada vez hay más contratos públicos adjudicados de forma fraudulenta para evitar el concurso y con convenios". Inquirido por si es posible que estos fondos provinieran del Plan Confianza, ha afirmado que "habrá que verificarlo, pero si fueran del Plan, todavía sería más jugosa esta trama".
"CAPO DE LA MAFIA"
Por su parte, Sorlí ha destacado que "esta denuncia deja claro que el ciudadano ejemplar Carlos Fabra en realidad era el capo de la mafia en Castellón y por eso tenía tanto soporte a su alrededor y le daban espacio político a esta persona, que utilizaba sus cargos para adjudicar a dedo contratos".
La candidata ha asegurado también que Compromís presenta esta denuncia "para que la Fiscalía investigue y para asegurar que todo el dinero público se utilice de forma correcta y por el que no, que se condene a las personas que hayan utilizado el dinero en interés propio".
