La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz ha alertado en su memoria anual de un aumento de las construcciones ilegales en esta provincia, especialmente en suelos no urbanizables y algunos en espacios protegidos como parques naturales, lo que rompe la tendencia de los últimos años.
En su memoria anual, a la que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía recoge un incremento en el volumen de trabajo del último año por un "aumento considerable" de las denuncias por parte de ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad y particulares, lo que ha multiplicado diligencias y procedimientos incoados.
Así, la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz ha pasado de las 44 del año anterior a las 143 registradas en 2015, la mayoría de ellas centradas en delitos contra la ordenación del territorio.
"La mayor parte de los procedimientos judiciales tramitados tiene por objeto las construcciones ilegales que se llevan a cabo en suelo no urbanizable común y suelos no urbanizables especialmente protegidos", como ha ocurrido en la zona de Tarifa, dentro del Parque Natural del Estrecho, o en la zona de Los Barrios, Castellar o Jimena, dentro del Parque Natural de los Alcornocales.
La Fiscalía explica que "casi todas estas construcciones ilegales han sido previamente objeto de un procedimiento de disciplina urbanística por parte de los ayuntamientos o de la Junta de Andalucía" pero lamenta "la escasa eficacia que tienen las medidas cautelares de paralización acordadas" por las administraciones, "incumplidas en la gran mayoría de casos, lo que provoca condenas por desobediencia".
Con todo, la memoria también señala que se han dado casos en los que las construcciones ilegales investigadas en vía judicial ni siquiera habían dado lugar a un expediente sancionador por parte de los ayuntamientos, que aducen "exceso de trabajo".
La Fiscalía cree que sigue existiendo "efecto llamada" entre los promotores por la "lamentable dilación en la ejecución de las demoliciones acordadas por sentencia penal firme", ya que la demolición con carácter obligatorio "es lo único que garantizaría realmente la reparación del daño causado al bien jurídico protegido".
El Ministerio Público describe que en las ejecutorias el penado "primero suele hacerse el sordo y ante una insistencia del juzgado encargado suele aducir motivos de insuficiencia económica para llevar a cabo la demolición acordada".
La Fiscalía reprocha que "esa misma actitud renuente, la misma desidia, se observa en los ayuntamientos, cuando subsidiariamente deben proceder al derribo", ya que, según recoge la memoria, aducen "insuficiencia presupuestaria y, como novedad, que el concurso de adjudicación de estos trabajos ha resultado desierto".
La Fiscalía ve en esta maniobra "otro giro de tuerca más de algunos ayuntamientos de la provincia que se viene revelando como un factor criminógeno de peso en este tipo de conductas ya que el particular sabe que cuenta con tolerancia, a veces muy activa, del propio ayuntamiento".
Según detalla este documento, en el 2015 sólo se ejecutaron tres derribos, con sentencias pendientes de ejecución desde el año 2008.
La memoria destaca el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica para perseguir estas acciones penales, que ha permitido contar con los informes solicitados por la Fiscalía dentro del plazo de seis meses que puede estar abierta una diligencia de investigación.
El Ministerio Público celebra que la mayoría de atestados sean mucho más completos que antes, incorporen ortofotografías con visión aérea (presentación fotográfica de una zona de la superficie terrestre), lo que contribuye "a proporcionar al juzgador una idea bastante clara de la que poder derivar su decisión de acordar la demolición o no de lo construido", lo que es clave en la sentencias condenatorias que conllevan demolición.
