La Justicia argentina rechazó hoy reabrir la denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentó en 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto con un tiro en la cabeza, contra la entonces presidenta Cristina Fernández, a quien acusaba de encubrir a los iraníes sospechosos del ataque a la mutua judía AMIA en 1994.
En concreto, la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires rechazó los recursos de apelación del fiscal Germán Moldes y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) -brazo político de la comunidad judía- contra una resolución del juez federal Daniel Rafecas en la que desestimaba la reapertura del caso.
Por consiguiente, el tribunal rechazó también aceptar a la DAIA como parte querellante.
En declaraciones a Efe, Ariel Cohen, titular de esa organización judía, adelantó que analizarán los motivos esgrimidos por la Cámara y "seguramente" se decidirá apelar, "dado a que dicha resolución no coincide con lo que la DAIA realmente estaba esperando".
De presentarse un nuevo recurso, será la Cámara de Casación la encargada de estudiar si decide reabrir el caso.
El pasado 5 de agosto, Rafecas, que ya en 2015 decidió archivar la acusación de Nisman contra Fernández y otros altos cargos de su Gobierno por "inexistencia de delito" -extremo que fue confirmado por dos tribunales de apelación-, no aceptó reabrir dicha denuncia luego de que tres días antes la DAIA pidiera desarchivarla.
Sin embargo, la organización dirigida por Cohen recurrió convencida de que aquella acusación del fiscal contra la cúpula del Ejecutivo fue desechada el pasado año por Rafecas de forma prematura.
Nisman, fiscal encargado de la investigación del atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, estaba convencido de que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que el Gobierno había asegurado serviría para avanzar en el esclarecimiento del ataque, era en realidad para lo contrario.
El procurador, que apareció muerto en su casa cuatro días después de presentar la acusación contra Fernández, creía que con el memorando se pretendía encubrir a los sospechosos del atentado, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani, a cambio de impulsar el intercambio comercial con Irán.
Hasta ahora, esta hipótesis no ha sido avalada ni comprobada por la Justicia.
Es así que entre los "hechos nuevos" presentados por la DAIA en su petición de reapertura estaba la grabación de una conversación difundida en un programa de radio en diciembre pasado entre el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, también acusado por Nisman, y un dirigente de la comunidad judía, en la que supuestamente el canciller admitía la autoría iraní del ataque.
Sin embargo, el fallo divulgado hoy por la Cámara Federal remarca que "no existe aspecto que pueda ser rescatado para admitir siquiera un viso de ilegalidad en las expresiones de Timerman" y recuerda las consideraciones de Rafecas en su última resolución de agosto.
El magistrado consideró entonces que el excanciller afirmaba, "en términos coloquiales", la postura que Argentina "ha venido sosteniendo oficial y públicamente" desde 2006: la responsabilidad de Irán de haber colocado el explosivo en la sede de la AMIA.
El memorándum firmado con Irán fue avalado en 2013 por el Parlamento argentino con los votos de la entonces mayoría kirchnerista, pero el documento nunca fue ratificado en Irán tras su firma y por tanto no llegó a entrar en vigor, mientras que en Argentina fue luego declarado inconstitucional.
En este sentido, la DAIA señaló también en su petición de reapertura que se considerara que esa declaración de inconstitucionalidad del pacto quedó firme luego de que Rafecas diera por cerrada la denuncia.
Pero ni este último aspecto ni el audio de Timerman son para la Cámara Federal motivos suficientes "para conmover los argumentos que llevaron al juez de la causa (Rafecas) y a esta Alzada a desechar la denuncia que motivó la formación de este legajo".
Además, la conversación del excanciller ya está siendo estudiada en otra causa dirigida por el juez Claudio Bonadío, abierta en diciembre pasado tras una denuncia por parte de varios ciudadanos por el presunto delito de "traición a la patria" contra los altos cargos del anterior Gobierno que aprobaron el memorándum con Irán.
Esos denunciantes consideran que con la negociación y firma de ese pacto el Ejecutivo traicionó no solo a la comunidad judía en Argentina sino también a su propio país.
El atentado contra la AMIA en Buenos Aires, el mayor sufrido en el país, fue el segundo ataque contra intereses judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel, que también sigue sin esclarecer.
También sigue sin determinarse si la muerte de Nisman fue un suicidio -inducido o no- o un homicidio, algo que actualmente investiga la Justicia federal.
