La Fiscalía de Madrid solicita una condena de 186 años de prisión para seis presuntos integrantes de una red de proxenetas chinos que obligaban a trabajar a las mujeres "sin descanso".
El juicio se celebrará a partir de este martes en la Audiencia Provincial de Madrid. Se les imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (siete años a cada uno) y dos delitos de trata de seres humanos, por el que reclama 12 años de prisión por cada uno de los dos delitos.
Los acusados publicaron en 2012 en periódicos de origen chino, con tirada también en el ámbito español, diversos anuncios en el que ofrecían visados para traer gente Europa.
Los seis miembros de la red de captación, que residían en Parla, contactaban telefónicamente con sus víctimas que, "debido a las dificultades económicas que atravesaban", deseaban residir y trabajar en España.
FALSAS POSIBILIDADES
Les ofrecían dos posibilidades para viajar hasta España. La primera, con un importe de 15.000 euros, consistía en desplazarse hasta Turquía con un visado de turista y de allí pasar clandestinamente a Grecia. La segunda era volar directamente a España o con escala en Italia por un importe de 18.000 euros. Una parte se abonaba a los acusados al subir al avión y el resto al llegar a su destino.
En el caso de las mujeres "a sabiendas de su precaria situación económica y de su necesidad ingente de trabajar" se les anticipaba el coste del viaje a cambio de que salaran su deuda en España mediante la prestación de servicios sexuales durante un año.
Se les informaba de que la prostitución era legal y de que podían obtener "pingües" beneficios sin tener que trabajar todos los días realizando acompañamientos y salidas con compatriotas de origen chino nunca mayores de 40 años a quienes recibían en un chalet de Parla.
Por ejemplo, a una de sus víctimas le proporcionaron un pasaporte de nacionalidad china y un permiso de residencia italiano, así como el pasaje de avión a España.
La mujer llegó al aeropuerto Adolfo Suárez el 12 de noviembre de 2012 y uno de los acusados la llevó hasta el chalet de Parla, "sin documentación ni recursos económicos y con un total desconocimiento del idioma español, permaneció dedicada al ejercicio de la prostitución, por cuenta de los procesados, hasta el 18 de abril de 2013", fecha en que la Policía hizo un registro en la vivienda y la liberó.
Otra de sus víctimas había llegado a España el 18 de enero de 2013 y estuvo retenida en el chalet en contra de su voluntad hasta el día que fue liberada. Sus condiciones de trabajo distaban mucho de las que les habían ofrecido durante la conversación telefónica que habían mantenido desde China con los miembros de la red.
"Debían atender en la casa a los clientes de la casa que lo solicitasen sin excusas ni descansos", dice la Fiscalía. Además, siempre bajo la supervisión de tres de los acusados, se aseguraban de que ambas mujeres cumpliesen las directrices sobre horarios y vestimentas llevando incluso un "registro" de los clientes que atendían, los días que trabajaban y el dinero que obtenían por sus servicios.
Su vida dentro de la casa se desarrollaba en habitaciones sin cierres ni ventilación, "ubicadas en el sótano y buhardilla", cuyas ventanas estaban tapadas con papeles y cartones y, además, carecían de aseso para hacer sus necesidades "para lo cual se le facilitaba bidones con agua". Esta situación hacer afirmar a la Fiscalía que las víctimas vivían en condiciones "infrahumanas".
Los acusados tampoco permitían a sus dos víctimas salir solas a la calle. Siempre iban acompañadas a los karaokes a los que acudían para conseguir clientes o a los hoteles donde debían desplazarse para realizar servicios sexuales.
