Y María Antonia, Toñi, que así se llama la madre de tres hijos y que acredita tener un 70 por ciento de minusvalía, terminó ocupando un piso de una entidad bancaria. Estaba en un banco de un parque y los enseres en casa de unos amigos, los niños con otros amigos y con su ex marido cuando alguien les dijo que sabía de un piso vacío de una entidad bancaria. Algo que no quería hacer, pero a lo que se ha visto obligada ante la falta de alternativas.
Asegura que no ha violentado la puerta sino que la encontró abierta y ahora espera lo que venga, porque es de suponer que la entidad emprenderá acciones legales que pueden terminar con una solución o con Toñi y su familia de nuevo en la calle.
Es la mujer que grabó a la concejala Ana Lorenzo, dice que porque unas veces les decían una cosa y luego otra y esta vez querían tenerlo claro. Luego la grabación acabó en los medios de comunicación, los políticos del Partido Popular han arremetido contra la concejala socialista a la que piden la dimisión, que no presentará al menos "por ahora" y el equipo de Gobierno tampoco se la va a pedir.
En todo ello subyace un problema mayor, como es la situación de inutilidad de la Empresa del Suelo Isleña (Esisa), que no ha sido capaz de construir una vivienda en cinco años y la falta de soluciones de las Administraciones públicas cuando la situación de una persona que pide ayuda se prolonga en el tiempo. Esto es, que llega un momento en la que ya no ofrece nada más que la calle.
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Izquierda Unido también ha puesto su grano de arena, como los demás partidos -Ciudadanos sólo ha pedido una junta de portavoces para conocer todas las circunstancias y luego se verá- que han hecho leña del árbol caído en un caso o los que entienden que incitar a una ilegalidad es 'lícito' cuando el procedimiento no tiene más recorrido. Como es el caso. Aunque Toñi asegura que no sabía lo de los 800 euros que afirma el Ayuntamiento que se le concedió.
En un comunicado, IU denuncia la “trama” que han “provocado” Gobierno, Junta y Ayuntamiento para dejar sin vivienda a otra familia de la ciudad.Se suma a la PAH y condenan a Junta y Ayuntamiento por no “garantizar una vivienda digna” a una familia con tres menores cuya madre sufre una discapacidad del 70 por ciento.
El portavoz de IU recrimina esta consecuencia de una política de recortes “en Madrid y Sevilla, desde donde se dictan las políticas de presupuestos y de vivienda que afectan a lo local”. “PSOE y PP siguen con el ‘Y tú más’ mientras las familias siguen quedándose en la calle”, concluye.
Alías insiste en que se repiten los argumentos por los que la PAH e IU denunciaron al gobierno local en abril, cuando tres familias isleñas estuvieron en riesgo de ser desahuciadas. “Tanto Ayuntamiento como Junta tienen las competencias y la responsabilidad para estos casos". “Si el Ayuntamiento ha llegado a esta situación, es por evitar la responsabilidad de garantizar una vivienda digna, es por no luchar contra el recorte de los fondos sociales que tiene que presupuestar un Ayuntamiento digno”.
“PSOE y PP han provocado que nuestro Ayuntamiento no disponga de estos fondos”, prosigue Alías, pues “ambos votaron a favor de modificar el artículo 135 de la Constitución, el que impide a un Ayuntamiento aumentar fondos sociales como los que destina a Vivienda”. Alías añade que “la Ley de Estabilidad Financiera es también culpa de la trama que tienen ambos partidos: en los medios siguen con el ‘Y tú más’ pero en el Congreso y en la Junta votan lo mismo contra el pueblo mientras las familias siguen quedándose en la calle”.
IU se suma a la denuncia de la PAH por dejadez de la Junta y el Ayuntamiento para encontrar “una solución digna” a una familia con tres menores cuya madre sufre una discapacidad del 70%: “La actitud de ambas instituciones ha sido escasa, inhumana e ilegal, ya que varias leyes ordenan el amparo a las familias que sufren estos dramas”, sentencia Francisco Galván, portavoz de la PAH de Cádiz. “¿Qué tiene que hacer esta familia ante esta desidia: okupar una vivienda o mendigar bajo un puente?”, clama Alías.
“El Protocolo Municipal de Prevención de Desahucios lleva cerca de dos meses cogiendo polvo en un cajón, la Comisión sobre Vivienda que promovía ESISA lleva desde entonces sin convocarse y las familias y las asociaciones siguen sin escuchar medidas para evitar los desahucios por parte del gobierno local”, denuncia Alías.
De hecho, Alías también exige al portavoz andalucista, Francisco Romero, que responda “por qué discrimina a la ciudadanía isleña entre ocupantes de viviendas de ESISA y el resto” y al que exige “que deje de echar balones fuera, porque también forma parte del gobierno municipal, responsable de dignificar el derecho a la vivienda de toda La Isla, sea en viviendas de ESISA o en otras”.
“El camino privatizador de los ayuntamientos de PP y PSOE, que abandona a las familias, genera que hoy hablemos del papel de esta trama, que desde Madrid y Sevilla dictan las políticas de presupuestos y de vivienda que afectan a lo local y dejan en la calle a otra familia más. Otra familia que se suma a la triste gestión de un gobierno que lleva casi dos años mirando por el retrovisor al PP en lugar de a la cara a las y los cañaíllas”, concluye Alías.
