La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta acogerá el próximo 31 de octubre la vista oral del juicio contra el padre del niño que en mayo de 2015 fue localizado por la Guardia Civil en el interior de una maleta al pasarla por el escáner de la frontera del Tarajal y contra la joven marroquí que la transportaba, para quienes la Fiscalía pide de entrada tres y seis años de cárcel, respectivamente, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La aplicación de la nueva redacción del Código Penal que entró en vigor dos meses después de los hechos, que "restringe" la posibilidad de agravar la pena a entre 4 y 8 años por poner "en peligro" la vida de las personas objeto de la infracción o generar riesgo concreto "de causación de lesiones graves", rebajaría la condena máxima a un año de multa o prisión, según han adelantado fuentes judiciales a Europa Press.
El progenitor del menor permaneció en situación de prisión provisional durante un mes desde el día 8 de mayo de 2015 y la mujer de nacionalidad marroquí que llevaba la maleta, un año.
Según el relato fáctico de la calificación del Ministerio Público, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, el padre del pequeño Adou, Ali Ouattara, concibió en 2014 la idea de obtener de las autoridades españoles la autorización de residencia por reagrupación familiar de su hijo e inició los correspondientes trámites administrativos pero su solicitud fue rechazada por resolución del subdelegado del Gobierno en Las Palmas.
Entonces decidió introducir "ilegalmente" en España a su vástago, que entonces tenía siete años, para lo que se puso en contacto con un grupo de personas desconocidas que accedieron a realizar el pase ilegal del menor a cambio de 5.000 euros. Para garantizar el éxito de la operación se dirigió hasta Casablanca, donde recogió al niño, y se desplazaron hasta Castillejos el 7 de mayo de 2015. Se encontró con las personas que iban a realizar materialmente el pase por la frontera, que le informaron de las condiciones y las aceptó.
Sobre las 11,55 horas de ese mismo día, la también acusada F.E.Y., que ahora tiene 22 años, fue sorprendida por funcionarios de la Guardia Civil cuando pretendía acceder a territorio nacional llevando oculto en el interior de una maleta "de reducidas dimensiones" al menor, al que pretendía introducir ilegalmente en la Península "cobrando parte de la cantidad inicialmente abonada".
A juicio de la Fiscalía, que aplica al padre la una atenuante mixta muy cualificada de parentesco, "como consecuencia de la forma de ocultación (en una maleta muy pequeña, sin ventilación, con riesgo evidente de asfixia y estando el menor aglutinado de forma inhumana) se puso en serio peligro la vida del inmigrante".
En la vista oral deberá probarse la magnitud real de ese riesgo potencial para que la petición de condena vaya de tres a doce meses de multa o cárcel, si no se acredita, o de cuatro a ocho años de prisión, en caso afirmativo.
