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Lunes 25/11/2024
 
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Huelva

Eximen a Moguer del pago de 2,4 millones reclamados por Aqualia

El TSJA le da la razón y rechaza la reclamación porque "el contrato se firma a riesgo y ventura"

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  • Ayuntamiento Moguer -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha eximido al Ayuntamiento de Moguer (Huelva), gobernado por el PSOE, del pago de 2,4 millones de euros -más intereses de demora- que le reclamaba la empresa de aguas Aqualia en concepto de pérdidas por facturación.

La sentencia, según ha informado el Ayuntamiento de Moguer en un comunicado, le da la razón y rechaza la reclamación porque "el contrato se firma a riesgo y ventura" y porque "pretender que la administración corra con todos los riesgos parece excesivo".

De esta forma, el Consistorio sólo tendrá que abonar a la empresa los atrasos por IPC, en torno a 200.000 euros, una petición secundaria en la demanda de la empresa.

El origen de este pleito se remonta al contrato firmado en 2010 entre FCC Aqualia S.A. y el Consistorio, gobernado entonces por el PP, mediante el que se concedió el servicio de gestión de aguas a dicha entidad por la vía de urgencia.

El citado contrato recogía la posibilidad de compensar a la empresa concesionaria por las pérdidas de facturación, es decir, porque esta no alcanzase los beneficios esperados, cláusula en la que se basa Aqualia para su demanda contra el Ayuntamiento.

Desde que la empresa concesionaria comenzó a prestar servicio fueron constantes las exigencias de subida del recibo del agua como compensación por la insuficiente facturación obtenida, aunque no fueron aprobadas por el Ayuntamiento.

Aqualia inició un procedimiento contencioso-administrativo en de febrero de 2015 reclamando 2,4 millones de euros, más los intereses de demora desde el inicio de la pretendida deuda.

La empresa argumentaba dicho débito por errores en la facturación perjudiciales para sus intereses, que se habrían originado a partir de datos erróneos aportados por el Ayuntamiento sobre consumo en Ciparsa y comunidades de regantes.

Desde el inicio del procedimiento judicial, el Ayuntamiento de Moguer reconoció que no se había actualizado el IPC en el recibo del agua, obligación legal que ya está reconocida y resuelta, tras la actualización de dicho índice en el pasado pleno de septiembre, así como el compromiso de abono de los atrasos por este concepto.

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