El Ayuntamiento de Sevilla anunció dos prórrogas que afectan a dos áreas especialmente sensibles para una administración local, la del procedimiento de permuta de la parcela de Ramón Carande, clave en el nuevo plan de vivienda -cuyo proyecto de financiación también fue retrasado en su aprobación este lunes- y la cuarta prórroga del macrocontrato de parques y jardines, heredero del gobierno de Juan Ignacio Zoido y sumido en la polémica por el caso Fitonovo, sin que aún se haya puesto en marcha un plan alternativo.
En el caso de la parcela de Ramón Carande, Emvisesa hizo público ayer que había ampliado el plazo de presentación de ofertas para optar al procedimiento de contratación para la enajenación mediante permuta de la parcela de uso residencial en esta avenida, la joya de la corona del suelo municipal por su estratégica ubicación.
El plazo se amplía hasta las las 14,30 horas del próximo 26 de octubre debido “al gran interés suscitado”, manifestado “en las decenas de mensajes recibidos” a través del correo electrónico, justificaba la empresa pública.
La parcela situada en Ramón Carande es propiedad de Emvisesa, está valorada en siete millones de euros y el planeamiento permite construir un máximo de 68 viviendas, por lo que la empresa municipal ha puesto en marcha este proceso de permuta para cambiarla por un paquete compuesto de suelos para la promoción de viviendas, pisos construidos, así como financiación para continuar poniendo viviendas a disposición de quienes las necesitan en el menor lapso de tiempo posible.
400 nuevas viviendas
El objetivo de esta operación de permuta es que la suma de las viviendas obtenidas por esta triple vía permita incrementar el parque público de viviendas en más de 400, multiplicando por seis el número de viviendas que autoriza el planeamiento en la parcela de Ramón Carande.
En este sentido, Emvisesa explica que el hecho de que parte de estas 400 viviendas estén además ya terminadas, le permitirá disponer de un buen número de viviendas de manera inmediata. Esta disponibilidad es clave para el nuevo plan de vivienda, cuya financiación -65 millones mediante crédito bancario- fue ya retrasada el lunes ante la petición de los consejeros de Emvivesa de tiempo para estudiar la documentación de la operación.
Macrocontrato de Zoido
El mismo dia y a través de Europa Press se ha conocido que el Ayuntamiento ha prorrogado por cuarta vez los seis contratos por lote adjudicados en 2012, para el servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado.
La nueva prórroga de este macrocontrato, de cinco meses de duración, fija la extinción de los contratos el 28 de febrero, a la espera de que entren en vigor las nuevas contrataciones anunciadas por el actual Gobierno local socialista para este servicio.
El macrocontrato iniciado durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, objeto de críticas por parte del PSOE y salpicado por las irregularidades de Fitonovo, que aún investiga la Audiencia Nacional, quiso ser sustituido por el Gobierno actual.
Éste planteó una nueva contratación con un importe máximo de 59,8 millones, divididos en diez lotes según las áreas de especialización y no por territorios, pero en septiembre de 2016 se aprobó una primera prórroga del macrocontrato, por seis meses, debido a que “el elevado número de ofertas” que pujaban por los nuevos contratos retrasaba la valoración de las mismas y por tanto la adjudicación necesaria para el relevo.
El 24 de marzo de 2017, no obstante, la junta de gobierno aprobó una segunda prórroga de los contratos de 2012 por un plazo de tres meses, hasta el 30 de junio, pero en dicho mes fue aprobada una tercera prórroga, para prolongar los contratos otros tres meses a la espera de que esté plenamente resuelta la contratación de los lotes de la nueva contratación.
La tercera prórroga, según la documentación, tuvo un coste total de algo más de tres millones de euros y fijaba la conclusión de los contratos para el pasado 30 de septiembre. No obstante, antes de dicha fecha, el Ayuntamiento ha aprobado una nueva prórroga, la cuarta ya, para que los contratos en cuestión continúen vigentes hasta el 28 de febrero, librando más de 5,1 millones de euros para ello.
