La Fiscalía de Medio Ambiente ha alertado de un "aumento considerable" de la construcción ilegal en la provincia de Cádiz y avisa de que la "permisividad" de las administraciones, especialmente de los ayuntamientos, ha provocado el inicio de acciones penales por "desobediencia".
En la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, a la que ha tenido acceso Efe, se destaca que "al contrario que en años anteriores, hay que destacar que se ha roto la tendencia hacia una reducción de la actividad edificatoria ilegal", como denota el "notorio incremento" de los procedimientos sobre esta materia.
El documento refleja que la mayor parte de los procedimientos judiciales tramitados tienen por objeto las construcciones ilegales que se desarrollan en suelo no urbanizable común y en suelos no urbanizables especialmente protegidos, como los parques naturales del Estrecho o de los Alcornocales.
También recoge casos de construcciones dentro de zonas delimitadas como cañada real o vía pecuaria.
"Casi todas estas construcciones ilegales que son objeto de investigación en los procedimientos judiciales han sido previamente objeto de un procedimiento de disciplina urbanística incoado por el Ayuntamiento o la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía", observa la Fiscalía.
Sin embargo, lamenta la "escasa eficacia" que tienen las medidas cautelares de paralización acordadas, que "son incumplidas en la gran mayoría", lo que ha propiciado el inicio de acciones penales contra el Ayuntamiento por delito de desobediencia.
"A veces se han detectado casos en los que las construcciones ilegales investigadas en vía judicial ni tan siquiera habían dado lugar a la incoación de un expediente sancionador disciplinario por el Ayuntamiento", avisa la Fiscalía, que recoge que muchos municipios aducen "exceso de trabajo" para justificarse.
"La experiencia nos ha demostrado que la aplicación del derecho penal evita el efecto llamada para las construcciones ilegales, pues ha pesado en la mente del ciudadano el temor a una denuncia penal", de ahí que considere clave para este propósito las condenas con órdenes de derribo.
Al igual que en memorias anteriores, la Fiscalía se queja de la "lamentable dilación" de las demoliciones acordadas por sentencia penal firme, que, en el caso de la provincia de Cádiz, pueden llegar a acumular hasta casi una década de espera hasta que se ejecutan.
"Las demoliciones de construcciones ilegales constituyen, sin duda, el principal caballo de batalla en la defensa penal de la ordenación del territorio y puede afirmarse, sin miedo a equivocarse, que ninguna ejecutoria que contenga la condena a demoler es sencilla, ni ágil, ni presenta celeridad", refleja la memoria.
Quizá, por ello, aún existen más de cien pronunciamientos pendientes de ejecución que, en algunos casos, datan del año 2008, añade.
Según los datos de la Fiscalía, en 2016 sólo se ejecutaron dos demoliciones por orden los juzgados de lo Penal número cuatro y cinco de Cádiz.
Ese año, la Fiscalía de Medio Ambiente inició 105 diligencias en materia de ordenación del territorio, ataques a flora y fauna y contra el patrimonio histórico.
