El presidente de Brasil, Michel Temer, ganó hoy el primer pulso del trámite de la denuncia que le acusa de corrupción, cuando una comisión de la Cámara baja rechazó los cargos y remitió el caso a un pleno de los diputados de mayoría gobernante.
En esa última instancia, que tendrá la palabra final sobre la autorización que la Corte Suprema requiere para analizar el asunto y eventualmente someter a Temer a un juicio penal que le podría costar el cargo, la base gubernamental mantiene una amplia mayoría que ya, en agosto pasado, libró al presidente de un trance similar.
El proceso iniciado por las nuevas denuncias formuladas contra Temer por la Fiscalía, que ahora le acusa de obstrucción judicial y asociación ilícita, ha sido hasta ahora un calco del anterior.
De hecho, hoy la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja aprobó, como en la primera ocasión, un informe que recomienda al pleno que los cargos sean archivados por lo que el instructor del caso, Bonifácio Andrada, calificó de "notoria falta de pruebas".
La votación fue realizada tras una sesión de debates que comenzó este martes, fue interrumpida solamente durante la noche y concluyó hoy, tras unas veinte horas de duras discusiones.
El oficialismo, además de descalificar las acusaciones, se aferró a la ligera recuperación que ha tenido la economía brasileña en los últimos meses para alertar sobre la posible vuelta de la crisis en caso de que Temer sea sometido a un juicio que le suspendería del cargo durante seis meses y podría concluir con su destitución.
En la minoritaria oposición, el discurso unánime es que existen "pruebas firmes" contra Temer y que el presidente debe comprobar la inocencia que alega frente a los tribunales.
La primera denuncia había sido rechazada por esa misma comisión en agosto pasado por 40 votos frente a 25. Esa diferencia a favor de Temer fue hoy de 39-26, lo que representa la pérdida de un voto que poco influye en un margen que muestra que la base parlamentaria gobernante conserva el vigor.
Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente, se prevé que el pleno de los diputados será convocado para el martes o miércoles próximos para debatir el informe de la comisión y decidir si se autoriza a la Corte Suprema a procesar la denuncia.
Para ello serán necesarios al menos 342 votos, que representan una mayoría calificada de dos tercios y que los propios partidarios de llevar a Temer a los tribunales han admitido que, al menos hasta ahora, les resulta difícil alcanzar.
Si no se lograra esa mayoría preceptiva, la denuncia sería archivada, tal como ocurrió con la presentada por la Fiscalía contra Temer anteriormente, que fue rechazada por el pleno de los diputados por 263 votos frente a 227.
En esa primera oportunidad, el mandatario había sido acusado de corrupción pasiva sobre la base de unos testimonios prestados por los dueños del grupo cárnico JBS en un acuerdo de cooperación que luego fue anulado por la Justicia tras comprobarse que mintieron en algunos asuntos u omitieron información sobre otros.
La nueva denuncia sostiene que Temer incurrió en obstrucción a la justicia y asociación ilícita, pero se apoya sobre todo en los mismos testimonios de los dueños de JBS, lo cual fue subrayado en el informe aprobado hoy.
Según el diputado Andrada, se trata de asuntos "ya superados" por la Cámara baja, que en el caso de la primera acusación se pronunció de forma clara por negar todos los cargos.
En relación con unos nuevos testimonios presentados por la Fiscalía y que podrían comprometer al presidente, subrayó que se refieren a hechos anteriores a mayo de 2016, cuando Temer asumió el poder una vez que empezó el juicio de destitución contra Dilma Rousseff.
"La Constitución es muy clara", dijo Andrada, quien subrayó unos artículos del texto constitucional según los cuales un mandatario en ejercicio del poder sólo puede ser procesado por hechos ajenos a su mandato una vez que entregue el cargo, lo que en el caso de Temer está previsto para el 1 de enero de 2019. E
