El expresidente de Inassa y hombre fuerte de Ignacio González en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, confesó a Pablo González el pasado mes de noviembre la operativa ilícita por la cual tanto él como el exmandatario regional y otros socios se repartieron comisiones que ascienden a cerca de cinco millones y medio de euros por la compra de la brasileña Emissao en 2013.
Según se desprende de un informe de la Guardia Civil que obra en el sumario de la trama Lezo y al que ha tenido acceso Europa Press, el hermano del presunto cabecilla explicó en calidad de investigado ante el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, que mantuvo una conversación con Rodríguez Sobrino estando ambos en prisión preventiva en la que este último le reconoció que los investigadores encontraron parte de esas comisiones ilícitas en el apartamento que dispone en Barranquilla (Colombia) a nombre de su hija.
En esa conversación mantenida el pasado mes de noviembre, el socio de Ignacio González le confesó que esas cantidades no solo eran suyas sino que se tenían que repartir entre otras personas implicadas en la operativa por la que la empresa pública de aguas pagó 30 millones de dólares. Estos serían el exdelegado del gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, el exgerente de Inassa Diego García Arias y el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro; todos ellos investigados en la causa.
Fue en el marco de esa llamada cuando Rodríguez Sobrino le confesó que el dinero a repartir procedía "de las comisiones de lo de Brasil" y que su temor era que los investigadores iban a comprobar las transferencias hechas desde el país sudamericano a los implicados en esta operación, como efectivamente se pudo averiguar en la investigación de la comisión rogatoria trasladada a Colombia.
2,7 MILLONES PARA RODRÍGUEZ SOBRINO
Según García Arias y Navarro, el número 'dos' de la trama ya dio órdenes de que la valoración debía oscilar entre los 32 y 34 millones de euros y que, de salir adelante de la operativa, el reparto autorizado por Ignacio González sería de seis millones de euros aunque luego descendió a 5,4 millones.
La división de las comisiones, siempre según su declaración, fue de 2,7 millones de euros para Rodríguez Sobrino a través de las sociedades opacas Amalfi y Rafaello, de los cuáles 1,8 millones corresponderían al exmandatario madrileño. García Arias y Navarro se embolsaron por la valoración económica de Emissao 900.000 euros y Moro un total de 1,8 millones que fueron ingresados en cuentas en República Dominicana, ya que pare de este dinero lo recibió a través de los mismo imputados.
ENCUENTRO EN UN HOTEL DE MADRID
En su declaración ante el juez el pasado mes de julio, Pablo González aclaró que, además de en la cárcel, tanto él como Rodríguez Sobrino ya habían hablado de Emissao y fue durante un encuentro en un conocido hotel de Madrid meses antes del estallido de la trama que se produjo en abril.
Las investigaciones han revelado que la brasileña estaba intervenida por empresas instrumentales cuyos titulares operaban en países terceros de escasa opacidad como luego confesaron algunos de los investigados implicados en esta operación que constituye una de las piezas separadas de Lezo.
Es el caso de García Arias y Navarro que declararon desde Colombia que Ignacio González no solo tuvo conocimiento en todo momento de los detalles de la compra de la filial del Canal sino que fue uno de los organizadores de la misma junto con Moro.
El magistrado de la Audiencia Nacional que comenzó instruyendo la causa, Eloy Velasco, apuntó que la adquisición del 75 por ciento de la sociedad brasileña estuvo "repleta de irregularidades", se hizo sobrevalorando el precio de compra de las participaciones y supuso una malversación al patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales".
