Reabren la investigación sobre el accidente en Hoyo de Manzanares

Un tribunal militar ha ordenado reabrir la investigación sobre el accidente ocurrido en 2011 en el Campo de Tiro de El Palancar, en Hoyo de Manzanares (Madrid), en el que cinco militares murieron al explotar unas minas anticarro, supuestamente caducadas, mientras se entrenaban.

Uno de los tres militares que resultaron heridos en este siniestro, el gaditano José Manuel Candón, ha expresado hoy su satisfacción por esta decisión, que obedece a que el Tribunal Militar Territorial Primero ha estimado el informe pericial que remitieron en un recurso de queja y en el que detallaban posibles negligencias que desencadenaron aquella tragedia.

"Llevamos años luchando por esclarecer lo sucedido, sabemos que tenemos razón, que lo sucedido no fue un hecho fortuito y pudo ser evitado", explica en una carta remitida a los medios de comunicación Candón, cuya carrera militar, como desactivador de explosivos, quedó truncada en aquel accidente en el que perdió un ojo y el 85 por ciento de la visibilidad en el otro.

El fue uno de los dos heridos graves de aquel accidente que les ocasionó una discapacidad del 79 % y el 97 %.

Ambos interpusieron el recurso de queja que ha motivado que el caso se reabra ahora, algo que les hace sentirse convencidos de que "saldrá la verdad" sobre el accidente y obtendrán así "justicia".

El accidente ocurrió el 24 de febrero del 2011 en el Campo de Maniobras El Palancar cuando un equipo de expertos militares en desactivación de explosivos realizaba unas prácticas antes de ser desplegados en el Líbano

La investigación sobre el accidente "quedó archivada en unas simples diligencias previas en octubre del 2013", sin apreciarse ninguna responsabilidad.

Este archivo fue recurrido por los dos militares que resultaron heridos graves, el teniente de Infantería de Marina José María Candón y el también Infante, el brigada Raúl González.

En su recurso aportaron un nuevo informe pericial que "desmonta completamente la versión oficial de lo ocurrido", señala Candón, que asegura que "son muchos los atisbos y pruebas que evidencian una posible responsabilidad penal en lo ocurrido".

Entre otras cuestiones evidencia "dudas razonables" sobre la cadena de custodia y conservación del material explosivo que provocó el accidente.

Las minas contra-carro estaban "fuera de su vida útil, caducadas de hacía años" y "bajo ningún concepto" debieron ser "entregadas para prácticas como fue el caso".

Ahora, el Tribunal Militar Territorial Primero, en un auto dictado el 12 de abril, ha ordenado "proceder al desarchivo del procedimiento y garantizar con plenitud un nuevo pronunciamiento judicial sobre lo sucedido respetuoso con los principios de publicidad, contradicción e inmediación judicial", según recoge José Manuel Candón.

"La reapertura de la investigación plantea la posibilidad de que se depuren responsabilidades, por acción u omisión, por parte de los responsables de la entrega y custodia de los explosivos", añade.