“Estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad del Estatut”, es la frase unívoca que de entrada pronuncian, en declaraciones a Efe, los portavoces de los tres grupos catalanes en la Cámara Baja, Pere Macías (CiU), Joan Ridao (ERC) y Joan Herrera (ICV).
A partir de ahí sus discursos van por caminos diferentes pero convergen en una advertencia: si la sentencia del Tribunal Constitucional es “adversa” al Estatuto catalán se abrirá una grave crisis institucional en España.
El secretario general de ERC va más allá. A su juicio, si se produce una sentencia “negativa” que “lamine aún más el Estatut” estaremos ante “el problema político más grave del Gobierno en democracia” y puede “complicar y condicionar la existencia y la vida política de este Gobierno”.
Ridao se muestra convencido de que ante este “callejón sin salida” que supondría una sentencia “adversa”, el Gobierno catalán y “todas las fuerzas de orden catalanista” van a optar por “desplegar de facto el autogobierno, prescindiendo incluso de la sentencia”.
Desde CiU creen que se abriría una “crisis política importante” que se “dejaría sentir” en Madrid, porque una sentencia adversa rompería “el consenso básico que permitió que se pactara entre todos la Constitución”.
“Esto es un problema importante. No es un problema catalán, es un problema del Estado español”, remarca Macías.
¿Habrá un conflicto institucional grave? “Por supuesto que sí”, afirma también tajante el portavoz de ICV.
