El parón en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) potencia el papel de los depósitos individualizados, una solución provisional para solventar el problema de almacenamiento de residuos de alta actividad en las centrales nucleares que, al 90 % de ocupación, rozan la saturación.
Estos Almacenes Temporales Individualizados (ATIs) fueron un remedio provisional aportado por Enresa (empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos), a la espera del cumplimiento del dictamen del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) de 2006, que contemplaba la existencia de un ATC en 2010.
Pero a día de hoy, el futuro del ATC -Villar de Cañas(Cuenca)- no tiene visos de construcción inmediata tras la decisión tomada la pasada semana por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), por la cual se supedita la ejecución del mismo a partir de 2019, cuando se acometa la actualización del PGRR.
En la actualidad, el número de elementos combustibles almacenados en las nucleares españolas es de 15.362, de los que 13.897 se encuentran en las piscinas de las centrales.
Otros 1.465 elementos radiactivos de alta actividad están en almacenes individualizados, con un gasto, que sólo entre 2010 y 2016 ascendió a 1.326 millones de euros, según datos del Foro Nuclear, que además señala que el coste subirá a los 1.525 millones, en el periodo 2018-2021.
La producción eléctrica con fuentes libres de emisiones de CO2 fue de un 55 por ciento en 2017, contribuyendo la nuclear con casi el 40 % de la misma, y la aportación al "mix eléctrico" de esta energía fue del 21,17 %.
Las piscinas de las nucleares (grandes tanques de refrigeración del combustible atómico) sufren diverso grado de saturación, con una oscilación entre el 97 % en Ascó I y el 84 % en Vandellós II ambas en Tarragona).
De todas ellas, sólo dos centrales operativas, Trillo (Guadalajara) y Ascó, y una en desmantelamiento, José Cabrera (Guadalajara), cuentan con ATIs en sus instalaciones, mientras que el ATI de Cofrentes (Valencia) sigue a la espera de que salga a información pública el proyecto.
El ATI de la planta de Almaraz (Cáceres), instalación en la que se han invertido 24 millones de euros, ya está operativo, por lo que albergará antes de noviembre, según previsiones de la propia central, las primeras 32 elementos de combustible gastado.
Con datos de 2017, la central de Trillo tiene un almacén individualizado con 32 contenedores y 672 elementos combustibles, que suman una ocupación del 40 %, mientras que Ascó tiene 6 contenedores con 192 elementos de la unidad I y 7 contenedores con 224 elementos de la unidad II.
La nuclear José Cabrera, cuyo desmantelamiento esta muy avanzado, alberga desde 2009 doce contenedores en seco, con los 377 elementos irradiados generados durante toda la vida operativa de la central.
En cuanto al ATI de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), se prevé que será durante los próximos meses cuando comience la carga del primer contenedor con el combustible gastado de la central, una de las tareas previas al desmantelamiento de la misma.
Para los residuos de baja y media radiactividad, el sector dispone del El Cabril (Córdoba), un ATI al 80 % de su ocupación, aunque previsiblemente se terminará de llenar cuando concluya el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, ha explicado el físico nuclear e investigador del Ciemat, Francisco Castejón.
A su juicio, resulta "imprescindible" buscar una solución para estos residuos de media y baja actividad, ya que este ATI no debería ampliarse por los graves inconvenientes de su emplazamiento tales como una ubicación en una zona de alto valor natural y con relativa alta actividad sísmica.
Para Castejón, España puede prescindir de un ATC debido a que los ATIs pueden servir como método de almacenamiento de emergencia para el desmantelamiento de las centrales, una vez establecido el calendario de cierre y hasta que se encuentre algo mejor.
En la misa línea, se ha manifestado Raquel Montón, portavoz de Greenpeace para temas nucleares, quien ha asegurado que los ATIs son una solución "que hay que hacer sí o sí".
Por ello, ha demandado un nuevo Plan de Residuos Radiactivos, un marco legal para la financiación del desmantelamiento e invertir en la revitalización de las comarcas donde se encuentran los emplazamientos nucleares.
