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Jueves 07/11/2024
 

Torremolinos

Reunión con los vecinos por el caso de la zona ‘Campo de Golf’

El miércoles se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Torremolinos para informar a los vecinos del sí a la revisión del proyecto

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  • Reunión con los vecinos de la zona conocida como 'Campo de Golf'. -
  • Los vecinos llevan años denunciando las cargas económicas a las que tienen que hacer frente por un proyecto urbanístico fallido

Los vecinos afectados por el “pelotazo urbanístico” en la Senda del Pilar, como lo calificó la primera teniente de alcalde de Torremolinos y concejala de Urbanismo, Maribel Tocón, acudieron el miércoles a un pleno extraordinario para conocer de primera mano los avances en el proyecto de reparcelación del sector R.1.10 y el plan parcial de la zona conocida como ‘Campo de Golf’.

Así, Tocón destacó que “se va avanzando en este expediente”, que fue impulsado por el grupo municipal de Ciudadanos, a instancia de la solicitud de una treintena de  vecinos, que son los que “han venido pidiendo a este Ayuntamiento las sucesivas acciones”, recalcó la edil, quien incidió en que “el Ayuntamiento está actuando con la máxima celeridad posible y, sobre todo, haciendo hincapié en todos los trámites administrativos necesarios para que la reparcelación de este entorno se realice cumpliendo la justicia social requerida pra unos vecinos que tantos años llevan luchando y reivindicando”.

En la reunión, tras el análisis de algunas alegaciones presentadas por algunos de los afectados, se ratificó lo acordado por el pleno del 31 de enero de este año, para iniciar el procedimiento de revisión del Plan Parcial de Ordenación Urbanística del Sector R.1.10 ‘Campo de Golf’, que data del 27 de enero de 2006.

El Ayuntamiento de Torremolinos elevó, hace más de un año, esta situación al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, ya que el caso comenzó hace más de una década cuando se proyectó la construcción de un campo de golf, un club social y un hotel.

Los vecinos, constituidos en asociación, llevan años denunciando que se han visto obligados a contribuir económicamente de forma desproporcionada en las cargas de urbanización; comprando el derecho a edificar lo que ya tenían edificado; además de que se han medido mal las fincas y se han adjudicado erróneamente otras, en algunos casos.

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