La Fiscalía ha pedido sendas penas de nueve años y siete meses de prisión para los tres procesados de la Fundación Guadalquivir Futuro por el caso de las 'mordidas', concretamente la presidenta de la entidad Ángeles Muñoz, su hijo Cristian Menacho --ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en Córdoba capital--, y a José Antonio González Adame, directivos de la entidad.
En concreto, se juzgará el supuesto uso indebido de subvenciones públicas por la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, con la presunta comisión de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y dos de fraude de subvenciones de los que se acusa a los principales representantes de la fundación.
Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, por el primer delito pide para cada uno de los acusados tres años y siete meses de cárcel y multas de 5.400 euros, mientras que por cada delito de fraude de subvenciones o ayudas de las administraciones públicas las penas de tres años de prisión y multas de 300.000 euros, con una sanción de un día de privación de libertad por cada cien euros no satisfechos.
Asimismo, la Fiscalía ha planteado la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante cuatro años.
Por su parte, según ha adelantado el diario 'ABC', la acusación particular considera que el delito de contra los derechos de los trabajadores debe tener una pena de cuatro años de cárcel para cada uno de los tres directivos de las entidades, mientras que por los segundos delitos solicita tres años y seis meses de prisión.
Igualmente, la acusación particular ha pedido por el delito contra los derechos de los trabajadores una multa de diez meses a razón de 30 euros al día, una cifra de 9.000 euros. Y por cada uno de los delitos de fraude, reclama una sanción del triple de la cantidad defraudada.
Entre algunos importes, las donaciones voluntarias comprometidas por los trabajadores contratados por la Asociación Jóvenes Hacia el Futuro ascienden a 11.000 euros, de los que se llegaron a entregar por parte de los empleados un total de 6.509 euros.
En este caso, la Junta ya sancionó a la entidad con 46.000 euros, obligó a devolver 300.000 euros y estar cinco años sin recibir ayudas públicas, periodo que cumple en el año 2021. Ese régimen administrativo solo vincula a las solicitudes de la propia Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que emitió la sanción.
DILIGENCIAS
Mientras, el Juzgado de Instrucción número 8 tiene que resolver la petición de Podemos, que ejerce de acusación particular, sobre su solicitud de que no se cierre la investigación y se realicen otras diligencias, como, por ejemplo, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indague en la contabilidad de la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir.
Al respecto, la auditoría realizada en su momento a lo que se conserva de las cuentas de la organización impidió dar luz alguna. Los peritos elegidos por el juzgado afirmaron que la situación de las cuentas de la entidad era "un auténtico ejemplo de caos y descontrol contable". Algunas de las organizaciones que integraban la fundación ni siquiera llevaban una contabilidad que permitiese "conocer cuánto recibían, cuánto pagaban o a qué dedicaban las ayudas públicas de las que se nutrían de forma preferente".
Precisamente, en el auto de procedimiento abreviado, dictado en julio, el juzgado entiende que la fase de investigación preliminar se encuentra "ya agotada", una vez que "se han practicado las diligencias imprescindibles para el fin propio de esta fase inicial".
El juzgado dictó el auto de procedimiento abreviado contra los tres acusados, al tiempo que acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se seguían contra la también investigada Alejandra Pérez, quien fuese número dos de JSA en la capital cordobesa.
POSIBLES DELITOS
Del "relato fáctico recogido, se desprende que la conducta en él reflejada pudiera subsumirse en un delito contra los derechos de los trabajadores (...) y dos delitos de fraude de subvenciones" de los que "serían responsables en concepto de autores" los investigados Cristian Menacho, Ángeles Muñoz y José Antonio González, añade la resolución judicial.
El auto justifica su resolución a partir "no sólo de las denuncias iniciales y las documentales a ellas acompañada", sino también a partir de "la declaración de los trabajadores denunciantes", las "testificales de los diferentes trabajadores de la Asociación Jóvenes para el Futuro, Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir y Fundación Guadalquivir Futuro", junto a otros elementos como "la propia declaración de los investigados, quienes, si bien niegan los hechos que se le imputan, sus manifestaciones se ven contradichas por el resto de las diligencias de investigación".
De igual modo, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de la causa para la investigada Alejandra Pérez "al no desprenderse de las diligencias practicadas motivos suficientes para acusarla como autora, cómplice o encubridora de los delitos que han dado lugar a la formación de la presente causa".
Según recuerda el auto, María Ángeles Muñoz y José Antonio González Adame figuraban entre los fundadores, además de presidenta y vicepresidente, respectivamente, de la Fundación Guadalquivir Futuro, constituida mediante escritura pública el 25 de enero de 2008 con fines como "la atención y promoción del bienestar familiar" y el "fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres". Además, Cristián Menacho figuraba como trabajador por cuenta ajena de dicha fundación --como coordinador-- "en virtud de contrato indefinido de fecha 13 de junio de 2015".
Además, Cristian Menacho ostentaba la representación de la Asociación Jóvenes para el Futuro, sin ánimo de lucro, constituida en Córdoba en abril de 2009 "con fines de fomento del progreso de los jóvenes en la cultura, desarrollo de la comunicación, fomento del deporte y actividades deportivas", entre otros, y que él mismo presidía.
Asimismo, la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, constituida como entidad sin ánimo de lucro para "informar e instruir a los vecinos en todas aquellas cuestiones que afecten a su interés general", contaba con María Ángeles Muñoz como presidenta y tesorera; con José Antonio Gómez como vicepresidente, y con Cristian Menacho como vocal, según detalla el auto, contra el que se puede interponer recurso de reforma en un plazo de tres días ante el mismo Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba.
LOS EMPLEADOS
En relación con este caso, según ha adelantado la prensa provincial, los siete trabajadores afectados que decidieron acudir a la jurisdicción social ya han recibido los 12.000 euros que tuvieron que pagar a Ángeles Muñoz y Cristian Menacho, que solicitaban estos cobros a modo de "donación voluntaria".
En este sentido, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha sido el que ha tenido que desembolsar finalmente dicha cantidad a este grupo de trabajadores tras dos sentencias firmes de los juzgados de lo social.
