En España, además de otros problemas urgentes, existen dos que no pueden evadirse: el vaciamiento de los pueblos del interior y la presencia, cada vez más numerosa y diversa, de los Menas (menores extranjeros no acompañados), cuyo comportamiento, debido a las condiciones en las que llegan (transporte, edad, falta de instrucción, de formación, de costumbres europeas, restricciones alimenticias por su religión, según publican con frecuencia los medios) está causando muchos problemas en varias ciudades. Convendría cambiar la ubicación central de sus alojamientos y el régimen abierto (sin control) que disfrutan.
El Estado, por convenios internacionales, está obligado a garantizar su manutención y, se supone, a darles una mínima formación útil para trabajar, ser autónomos, para ganarse el sustento diario con su trabajo, sin esperar solamente del Estado, de las instituciones benefactoras religiosas o de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Enseñarles a trabajar sería la mejor garantía de integración social y la iniciativa más eficiente para evitar su incorporación a bandas y actividades antisociales. Mejor dicho, educarlos e instruirlos, según la edad, a partir de actividades productivas.
En la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentada por María José Segarra, durante la apertura del Año Judicial de 2018, consta que en España residen 13.796 Menas: 12.825 niños y 971 niñas. En Andalucía, 6.294, número similar a la población total de Andújar; en Cataluña, 1.842; en Melilla, 1.322, etcétera.
Su manutención y control supone el empleo de una considerable cantidad de recursos financieros, técnicos y personales a cargo de las autonomías y de los municipios. No todos están en un mismo sitio, pero en las ciudades no existen equipamientos para Menas.
El otro problema afecta a varas autonomías, sobre todo, a las Castillas, Aragón, Extremadura, Asturias y Andalucía, donde existen pueblos que se están quedado con una mínima población avejentada, sin jóvenes, sin niños y sin servicios básicos: educación, salud, bancos, tiendas, Internet. Antiguas escuelas, cortijos, viviendas… están vacíos, en acelerado proceso de deterioro. Las parcelas familiares no hay quien las cultive, ni siquiera para el autoconsumo.
¿No sería beneficioso para todos, seleccionar algunos de estas aldeas para ubicar los centros de acogida y formación para extranjeros no acompañados?
¿Piensan en ello los políticos?
