El Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG) ha anunciado que va a recurrir la sentencia desestimatoria del contencioso interpuesto contra el Ayuntamiento de San Roque para solicitar anulación del acuerdo del nombramiento los asesores, “personal eventual del Ayuntamiento, designados a dedo por el alcalde”, indicar su portavoz, Jesús Mayoral.
A juicio del letrado que representa al PIVG, “no se ha tenido en cuenta, y por lo tanto no se ha pronunciado la jueza, sobre otros argumentos jurídicos que habíamos manifestado, tanto en el recurso de reposición al decreto del alcalde, como en la propia demanda del Contencioso-Administrativo”.
“Esta denuncia, en concreto, es para ahorrar gasto político en el Ayuntamiento por servicios prestados o partidistas, totalmente innecesarios, del que se benefician los mal llamados asesores, que no es más que dar un sueldo a miembros del partido que el alcalde los utiliza, solamente para capturar votos”, insiste Mayoral.
“El alcalde en unas declaraciones recientes, se queja del esfuerzo que conlleva dedicarse a defenderse de estas denuncias, que algunas terminan en una desestimación o archivo, estas denuncias no se harían, si su gestión fuese transparente o menos sectaria que hasta obliga a trabajadores de la plantilla municipal, defenderse del atropello que el alcalde hace con ellos, solo por pertenecer a otro partido político o por no comulgar con el suyo”, añade.
“Son muchas las sentencias que han ganado los trabajadores pero de esas no habla y si alguien utiliza recursos, contratando hasta un abogado externo, es el alcalde, y a veces para asuntos de dudosa legalidad y de decisión personal, como fue, poner un contencioso al Ayuntamiento de Los Barrios, por haberle declarado persona non grata en ese municipio, como no le cuesta nada, también se dedica se dedica a denunciar a todo aquel que le incomoda en su gestión y además le desestiman los recursos, como ha ocurrido recientemente con la demanda que había puesto a la asociación DCA, porque le molesta cuando solicitan o critican supuestas actuaciones ilegales, de su equipo de gobierno”, señala Mayoral.