Cruz Roja ha detectado en lo que va de año en la provincia de Córdoba seis casos de trata de seres humanos y tiene indicios de otros ocho más, resaltando que, durante el confinamiento, la entidad ha buscado recursos de protección y gestionado el traslado a los mismos de cuatro víctimas.
Según informa la institución humanitaria en una nota, en todos estos casos, se trataba de mujeres procedentes de países latinoamericanos, atendidas por la institución humanitaria en el marco de su proyecto para la 'Atención a mujeres en dificultad social y víctimas de trata', que cuenta con el apoyo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
No obstante, a escala nacional, la Unidad de Protección a Personas en Situación de Trata de Cruz Roja atiende cada año a personas de más de medio centenar de países, entre los que destacan Nigeria, Costa de Marfil y Guinea Conakry.
Aunque anualmente se presta apoyo en todo el territorio nacional a varios centenares de víctimas (en 2019, por ejemplo, fueron 1.624), las cifras de personas que sufren esta lacra son mucho mayores, ya que se estima que los casos que salen a la luz representan solo el cinco por ciento de los existentes, según datos de Naciones Unidas. De hecho, los datos que se manejan hablan de que esta grave vulneración de los derechos humanos afecta a más de 21 millones de personas en el mundo.
Por ello, coincidiendo con la conmemoración este jueves 30 de julio del Día Mundial contra la Trata de Personas, Cruz Roja aprovecha para reinvindicar una Ley Integral de Lucha contra la Trata, la cual, según la cordobesa Rosa Flores, referente nacional de este tema dentro de la institución humanitaria, "podría facilitar el acceso a los Derechos a todas las personas en situación de trata, independientemente del tipo de explotación, su sexo o identidad sexual o de género, así como brindar la protección especial que requieren las niñas, niños y adolescentes afectadas".
Tal y como ha señalado Cruz Roja en España "no existe una Ley Integral que contemple medidas de protección para todas las personas que pasan por situaciones de trata, lo que en la práctica dificulta mucho el acceso equitativo a los recursos". "Si bien en los casos de las mujeres tratadas con fines de explotación sexual se ha avanzado bastante, si hablamos, por ejemplo, de hombres tratados con fines de explotación laboral, los recursos son muy limitados", ha subrayado.
A esto hay que añadir que si bien las víctimas de trata ya se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad antes de la pandemia, la crisis sanitaria y social ocasionada por la covid-19 ha empeorado su situación, exponiéndolas a mayores riesgos.
En este sentido, el Ingreso Mínimo Vital, que contempla a las personas en situación de trata y a aquellas explotadas sexualmente, ha "supuesto una esperanza para muchas de ellas". Sin embargo, "aún no se han establecido cauces específicos para la tramitación y el acceso a este recurso, lo que está haciendo inviable en la práctica que estas personas puedan beneficiarse del mismo".
"Las dificultades en la tramitación están imposibilitando que las mujeres reduzcan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran", ha lamentado Rosa Flores.
ABUSO DE LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD
La trata es una forma de abuso de las situaciones de vulnerabilidad de algunas personas para explotarlas en diversos ámbitos. Esta explotación conlleva además un lucro para terceras personas a través de la mercantilización de seres humanos.
Se trata de una lacra social que afecta especialmente a las personas migrantes, mayoritariamente mujeres y niñas, debido a su situación de vulnerabilidad. "Uno de los factores con mayor impacto en la trata es la desigualdad en el acceso a Derechos y recursos entre mujeres y hombres; otros factores relevantes son la demanda y la tolerancia social hacia situaciones como la mendicidad, la prostitución o la precariedad asociada a determinados puestos de trabajo", ha explicado la responsable de la Unidad de Protección a Personas en Situación de Trata de Cruz Roja.
Dicha unidad trabaja para detectar y acompañar a personas que puedan estar en situación de trata conforme a sus capacidades y necesidades, generales y específicas, como una red protectora organizada para apoyar a las personas en situación de trata en sus procesos de restablecimiento de derechos y acceso a recursos.
