Iniciar un procedimiento contra el vicepresidente Pablo Iglesias en el Tribunal Supremo, como ha solicitado un juez de la Audiencia Nacional, requiere que el Alto Tribunal pida su suplicatorio al Congreso, ya que es diputado, y que esa autorización se apruebe por mayoría, lo que implicaría el voto a favor del PSOE, socio de Podemos en el Gobierno.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos por el delito de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa.
La petición, a la que se ha opuesto la Fiscalía, se ha remitido al Supremo dada la condición de Iglesias de aforado, ya que es miembro del Gobierno y también del Congreso. Lo mismo es de aplicación para la que fue directora de los servicios jurídicos de Podemos, Gloria Elizo, que actualmente es vicepresidenta del Congreso y que también está mencionada en el auto del juez.
Si el Supremo entiende finalmente que debe abrir una causa a Iglesias y Elizo, deberá pedir el suplicatorio al Congreso, que dispondrá de poco más de dos meses para decidir. Lo habitual es que la Cámara conceda la petición del Poder Judicial y, de hecho, el último que se denegó data de 1988.
EL ÚLTIMO SUPLICATORIO, APOYADO POR PSOE Y PODEMOS
El pasado mes de junio el Pleno del Congreso concedió el suplicatorio de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).
En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.
Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar una vez que llegue a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.
El primer paso es la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso. A partir de ahí, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, tendrá cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.
TODO EL TRÁMITE PARLAMENTARIO, A PUERTA CERRADA
Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia a los afectados, bien sea en persona o por escrito, para que puedan presentar sus alegaciones en el plazo de diez días. Una vez concluya su tarea, las comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tiene un papel clave. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.
Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
Podemos tiene a otro de sus diputados bajo amenaza de suplicatorio, su secretario de Organización, el canario Alberto Rodríguez, a quien se ha abierto una causa penal en el Supremo por supuestos delitos de atentado contra la autoridad y lesiones en una manifestación de 2014 en la Laguna.
32 SUPLICATORIOS APROBADOS
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
En los últimos años se ha autorizado a procesar al que fue portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia; a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante; y al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
En anteriores legislaturas destacan los suplicatorios del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
