La Fiscalía Provincial de Madrid ha insistido en que no aprecia delito en los complementos salariales que aprobó la gerente de Podemos, Rocío Esther Val, para ella y otros cargos de la formación 'morada' porque se cobraron de forma "transparente" y "con control interno", oponiéndose así al auto en el que el juez ordenó la reapertura de esta línea de investigación del caso 'Neurona'.
El Ministerio Público se ha adherido así al recurso presentado por Podemos contra el auto en el que el juez Juan José Escalonilla acordó reactivar las pesquisas sobre los presuntos sobresueldos al considerar "indiciariamente" que la gerente de Podemos no tenía competencia para crear por sí sola complementos salariales, sino que debía recibir el visto bueno de un órgano superior, por lo que podría haber incurrido en un presunto delito de administración desleal.
La Fiscalía madrileña, en cambio, entiende que los pluses salariales se cobraron de manera "transparente" y "con control interno", por lo que, si bien "podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos", no es delito.
En este sentido, subraya que no se está hablando de cantidades cobradas en "b" o en sobres, "sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido", según ha informado en un comunicado.
AUDITORÍA A PODEMOS
Así las cosas, el Ministerio Fiscal entiende que estas diligencias de investigación son un "nuevo" intento de realizar una auditoría a la actuación de una formación política "respecto de hechos ya aclarados no típicos y respecto de los que, por otro lado, no existen indicios de delito".
Además, a su juicio, "no deja de extrañar" que sea la acusación popular la que sostenga la existencia de un presunto delito de administración desleal cuando el propio perjudicado, en este caso Podemos, no se considera como tal.
"Y lo hace --añade en su recurso-- sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna", llegando a pedir que se considere a uno de ellos, que certifica la regularidad de los complementos salariales, como investigado por encubrimiento o estafa procesal.
Asimismo, la Fiscalía Provincial ha cargado contra la acusación particular por pretender que se revelen datos sobre los trabajadores de Podemos que han cobrado esos pluses en sus nóminas, así como por requerir al partido el informe de ejecución de presupuestos y la documentación enviada al Consejo Ciudadano.
PLUSES Y GASTOS
El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha puesto la lupa en los complementos que cobraban Val y el tesorero, Daniel de Frutos, --uno por Coordinación, de 210,32 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros-- y en el de Responsabilidad Personal (otros 210,32 euros) que recibía la abogada Marta Flor, así como en los reembolsos que habrían recibido en una media de 300 euros mensuales la gerente y De Frutos en concepto de gastos por desplazamiento.
El ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, denunciante del caso 'Neurona', describió estos pagos extra como posibles sobresueldos, lo que empujó al juez a indagar. El pasado 11 de marzo, Escalonilla decidió archivar temporalmente esta línea de investigación al concluir que Val sí tenía facultad para implementar dichos complementos.
Pero, un mes después, optó por reactivar esta línea de investigación al considerar que la nueva documentación presentada desde el archivo preliminar "cabe llegar a conclusiones distintas", esto es, que Val "no tenía facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala".
Con ello, acogió un recurso de reforma de Vox acordando nuevas diligencias, entre ellas la declaración como testigo del predecesor de Val, Pablo Manuel Fernández Alarcón, y un nuevo requerimiento a Podemos para que entregue más documentación interna.
El ex gerente 'morado' testificó el pasado viernes ante Escalonilla que, durante su etapa en el cargo, aprobó pluses salariales en casos puntuales donde tenía en cuenta las circunstancias particulares de cada trabajador, validando con ello la actuación de Val. "No conocía norma que me lo impidiera", dijo, según fuentes presentes en la comparecencia judicial.
EL UNIVERSO 'NEURONA'
El núcleo de esta causa, donde se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, es el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
El juez sospecha que fue un contrato simulado que habría servido para desviar dinero de las cuentas 'moradas', de ahí que la actividad probatoria se centre en determinar si la empresa hizo el trabajo.
De los demás asuntos que constaban en la denuncia original, Escalonilla ha cerrado las investigaciones relativas a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede de Podemos y el supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada Marta Flor.
También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos pero ha reabierto ambas pesquisas, la primera por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de Vox y Pro Lege y, la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de Vox.
