Desde la Junta de Personal Docente No Universitaria de Cádiz han querido manifestar su “estupor y absoluta indignación” al comprobar que, un año más, “al llegar septiembre, la inspección médica obliga con altas masivas a nuestras compañeras embarazadas a incorporarse a sus puestos de trabajo, ignorando las causas que las mantenían en incapacidad temporal, IT, por sus médicos de atención primaria o especialistas”.
Hace un par de años una compañera que se encontraba embarazada de gemelos, en IT y reposo absoluto, y con domicilio en otra provincia, fue obligada por la inspección médica de Cádiz a presentarse personalmente para su valoración. En el camino de regreso sufrió un aborto y perdió a sus hijosSegún explica María Jesús de León Morgado, presidenta de dicha Junta de Personal, “se trata de una práctica que pone en serio riesgo la salud y la vida de estas docentes y sus bebés, muchas de ellas en las semanas finales de sus embarazos, o con serias patologías, dolencias o dificultades, que se ven obligadas a desplazarse con vehículos a decenas o centenares de kilómetros de su domicilio para desempeñar su labor, y que destroza la planificación de los centros al cortar las sustituciones de las personas que las reemplazaban”.
En la provincia afecta a unas treinta docentes “a las que se les ha enviado el alta mediante SMS, sin ningún tipo de revisión previa”
Por ello, han enviado un escrito a los delegados territoriales de Educación y Salud y a la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social instando a que “se reconsideren estas altas masivas por ser constitutivas de delito, no solo al poner en serio riesgo las vidas de nuestras compañeras y sus bebés, sino por tratarse de una clara discriminación laboral al no respetarse sus derechos durante el embarazo, y por estar orientada a las gestantes interinas, que son las atendidas por la seguridad social, ya que las funcionarias dependen íntegramente en sus IT de la inspección médica de la propia Delegación”.
Al respecto entiende que “bajo esta práctica subyace una administración sanitaria claramente mercantilista y patriarcal”, que esgrime como argumento el que “el embarazo no es una enfermedad, sin respetar que durante la gestación muchas mujeres que tienen patologías previas pueden empeorar, o que, durante ese embarazo y por sus propias circunstancias, muchas mujeres sufren dolencias asociadas que requieren esas IT”.
Esta Junta de Personal exige “la protección de la salud y la vida en primer término, tanto de nuestras compañeras como de sus bebés, y que quienes están realizando estas altas masivas sean sancionados por ponerlas en riesgo, e iniciaremos para ello las gestiones para denunciarles en inspección de trabajo y en la propia Fiscalía por tratarse de una práctica abusiva y discriminatoria por parte de la administración médica”.
Y ponen como ejemplo que “hace un par de años una compañera que se encontraba embarazada de gemelos, en incapacidad temporal y reposo absoluto, y con domicilio en otra provincia, fue obligada por la inspección médica de Cádiz a presentarse personalmente para su valoración”. En el camino de regreso sufrió “un aborto y perdió a sus hijos”.
