La Audiencia Provincial de Almería ha condenado con penas que van desde los tres años y nueve meses de prisión al año de cárcel a los diez integrantes de una organización estable y permanente dedicada a la introducción en España de personas desde las costas de Argelia por vía marítima mediante el uso de distintos tipos de pateras entre 2019 y septiembre de 2020.
Los acusados han reconocido su participación en la trama durante la primera sesión de la vista oral que se ha celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería por lo que, en sus conclusiones definitivas, la Fiscalía ha solicitado que se aplique la atenuante de confesión tardía a los acusados por delitos de asociación ilícita y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
En este sentido, el líder de la organización identificado como F.N., para el que el Ministerio Público pedía inicialmente nueve años de prisión, ha sido condenado a tres años y nueve meses de cárcel, mientras que otros tres miembros de la organización, principalmente dedicados a suministrar embarcaciones y material para las travesías, han sido condenados a tres años y seis meses.
Del mismo modo, los seis acusados restantes, entre los que se encuentran varios patrones de pateras a los que dentro de la organización se les daba refugio una vez llegaban a las costas españolas, han sido condenados a penas de entre uno y dos años de cárcel, con la suspensión de las mismas con la condición de que no vuelvan a delinquir en tres años.
Según el relato aceptado por las partes, los acusados obraban "con pleno conocimiento" de promover la inmigración irregular con la intención de "enriquecerse de forma ilícita" a través de los cobros a personas que estaban interesadas en llegar a territorio europeo pese a que con ello ponían "en concreto peligro la vida de estas personas".
Así, conforme a un "plan preestablecido" y de acuerdo a un "previo reparto de funciones", cada uno de los miembros del grupo desempeñaron un cometido específico bajo la dirección de F.N., encargado de distribuir las tareas entre los acusados así como de hacer de "interlocutor válido entre las mafias argelinas en origen".
Del mismo modo, el principal acusado también se ocupó de la dirección y coordinación de todo lo relacionado con la logística y cobertura de los inmigrantes desembarcados, organizó las travesías y fijó los precios y días en los que llevar a cabo los viajes.
F.N. también se ocupó de los patrones de embarcación argelinos que se veían obligados a permanecer en territorio español antes de volver a Argelia "facilitándoles un circuito seguro de transmisión de fondos y el materia necesario para proseguir con sus actividades". El mismo acusado, además, abasteció de embarcaciones a otras redes de tráfico de inmigrantes.
En esta labor contó además con el respaldo de la acusada H.R., quien era su pareja sentimental, encargada de dar cobertura a los patrones hasta que pudieran regresar a su país. Uno de ellos llegó a ser identificado "hasta en cuatro ocasiones por haber accedido a territorio nacional por puntos no habilitados en la costa".
En otro escalafón se situaban dos acusados más encargados de realizar los movimientos de dinero "para favorecer el tránsito de inmigrantes y patrones, así como el de los beneficios obtenidos" mediante el uso de cuentas bancarias y de establecimientos comerciales, uno de ellos en Alicante. El resto de acusados eran "colaboradores" del líder de la organización, de modo que participaban a la hora de adquirir las embarcaciones con las que realizar las travesías marítimas.
