El exalcalde de Albox (Almería) el socialista José García Navarro ha aceptado siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por enchufar a una decena personas en el Ayuntamiento entre 2007 y 2013.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes jurídicas tras el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía, que inicialmente reclamaba diez años de inhabilitación, después de que se apreciaran dilaciones indebidas muy cualificadas en el procedimiento.
García Navarro, para quien también se piden 12 años de prisión y 31 de inhabilitación en otro procedimiento acusado de adjudicar "a dedo" contratos por 1,1 millones de euros, ha sido condenado así por un delito continuado de prevaricación administrativa ante el tribunal de la Sección Segunda.
El Ministerio Público señalaba en su escrito que el exregidor tenía "conocimiento" de que actuaba al "margen" del ordenamiento jurídico y le reprochaba que hiciese "prevalecer su propia voluntad" sobre los "intereses generales del ente local y los particulares de posibles interesados" en los puestos de trabajo.
Así, indica que suscribió una decena de contratos de trabajo en nombre del Ayuntamiento "sin seguir procedimiento alguno y sin justificar las causas" por las que recurría a la contratación laboral temporal "ni las que determinaban la elección de esas personas en particular". Al tiempo, remarca que algunos de estos continuaban en vigor en mayo de este último año.
"Con este proceder, el acusado hizo las mencionadas contrataciones de personas sin atender a criterios de necesidad, merito y capacidad", apunta el fiscal.
García Navarro dimitió alegando "motivos personales" en febrero de 2013 mientras que su sucesor en el cargo, Rogelio Mena, fue condenado a la inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos años y medio por denegar a la oposición el acceso a los expedientes de contratación que supuestamente hizo 'a dedo' y por los que está procesado.
Mena, quien ha liquidado esta condena tras haber transcurrido el plazo legal, también está a la espera de juicio por pagar supuestamente con dinero público viajes privados.
