La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Almería ha tachado de "inadmisibles" medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la administración de justicia elaborado por el CGPJ al entender que "merman el acceso de los ciudadanos", "conculca el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" y "evidencian la mayor desconsideración al derecho de defensa y a los profesionales de la Abogacía que día a día lo hacemos posible".
En su escrito, remitido este lunes al Consejo General de la Abogacía Española, señalan su "más firme oposición" a propuestas como la reducción generalizada de la segunda instancia, la amenaza en cuanto a la imposición de costas e "incluso multas en determinados planteamientos judiciales".
Del mismo modo, se han mostrado contrarios al establecimiento de órganos unipersonales, al "ataque a la oralidad", el dictado de sentencias 'in voce', las limitaciones en el ejercicio de defensa en los escritos forenses y a la "reducción del protagonismo de la Abogacía". Estas cuestiones "provocan un absoluto rechazo y malestar desde la perspectiva de la Abogacía".
Así, declarar hábil el mes de agosto "sería una medida asumible solo si fuese exclusivamente para el año 2020, con la finalidad de recuperar el atraso que existirá lo antes posible y siempre que todos, absolutamente todos los operadores jurídicos, incluidos jueces, fiscales, letrados de administración de justicia y funcionarios estuvieran también con plena dedicación" de manera que fuera un "mes de trabajo efectivo".
Según el colegio provincial que coordina el decano Juan Luis de Aynat, "no puede ni debe utilizarse el estado de alarma para deslizar reformas procesales que han de ser consensuadas con todos los operadores jurídicos y dotadas con la correspondiente previsión presupuestaria y medios técnicos y humanos que consigan una verdadera modernización de la justicia, que hasta el momento no ha sido siquiera intentada pues no se ha puesto en marcha ninguna medida para fomentar el teletrabajo ni se ha aprovechado LexNet para continuar recepcionando escritos y demandas sin perjuicio de la suspensión de los plazos procesales".
"La respuesta a esta crisis nunca puede suponer un recorte de los derechos de los justiciables, sino que deberá garantizar el acceso a la justicia fortaleciendo el beneficio de justicia gratuita", han añadido.
Desde el Colegio han mostrado su respaldo a las respuestas concretas que pondrá de manifiesto el Consejo General de la Abogacía Española en las alegaciones que presentará frente a la puesta en marcha de las medidas del plan de choque, así como a las propuestas para el restablecimiento progresivo de las actuaciones judiciales desde el respeto a la tutela judicial efectiva, las garantías procesales y el derecho de defensa.
