Las viviendas de Santa Clara tendrán que esperar las catas

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha supeditado el inicio de las obras para la construcción de 125 viviendas protegidas en Santa Clara a la próxima conclusión de los trabajos arqueológicos requeridos por la Consejería de Cultura en la zona, ante la aparición de diversos restos en las proximida-des de la ermita de Santa Clara con motivo de su restauración.

La consejera ha afirmado en comisión parlamentaria que el inicio de las obras está condicionado a la actividad arqueológica que actualmente se desarrolla en este enclave próximo a dicha ermita, una vez superada ya la fase de trabajos preventivos en esta materia y haber arrojado éstos resultados positivos. La Consejería ha procedido ya a contratar los nuevos trabajos de prospección arqueológica que están actualmente en fase de ejecución. Una vez estén finalizados, comenzarán de inmediato las obras de las nuevas viviendas, según ha asegurado la titular de Obras Públicas y Vivienda.

Por su parte, el diputado de IU Ignacio García ha demanado en el Parlamento mayor premura en la realización de este proyecto ya que, según el parlamentario “se llevan nueve años sin resolver este convenio”.

García ha exigido responsabilidades políticas en este asunto, donde “hay muchas implicaciones sociales”, ya que de esta iniciativa “depende el realojo de vecinos que malviven y depende la rehabilitación de una zona a la que llaman 'supermercado de la droga”.

Por este motivo García pide que se resuelvan los pasos necesarios con la mayor diligencia posible y estableciendo un compromiso de fechas que se cumplan en vista de devolver la ilusión a los vecinos de José Antonio. El parlamentario de IU ha advertido de que "si no se resuelve pronto esto, la gente pensará que hay una maniobra dilatoria".

Las obras

Las obras para la construcción de estas viviendas han sido ya adjudica-das a la empresa Acciona con un presupuesto de 10,6 millones de euros y su ejecución tendrá un plazo de 22 meses. A esta inversión se suman los 5,7 millones de euros que la Administración autonómica ha destinado a la compra del suelo y los 429.854 euros que se dedicarán a la reurbanización del viario interior de esta zona.

Las 125 viviendas protegidas son de régimen mixto, de las que 87 irán destinadas a alquiler de renta básica a 25 años y las 38 restantes a alquiler con opción de compra de régimen especial a 10 años, todas ellas con trastero y garaje.

Las 65 viviendas que corresponden al Ayuntamiento también están paralizadas según se ha comunicado desde Suvipuerto a pesar de que se ha mandado toda la documentación necesaria.