El Defensor del Pueblo ha recomendado al Gobierno crear una base de datos a escala nacional con todos los detalles existentes sobre los cadáveres de personas fallecidas en las rutas migratorias a España que han pasado por los distintos Institutos Forenses sin que se haya conocido su identidad.
De esa forma, detalla Ángel Gabilondo, se podrán unificar criterios entre los servicios forenses y de policía científica de las diferentes comunidades autónomas, compartir información y cruzar esos datos con los registros sobre personas desaparecidas.
En un documento notificado este lunes, al que ha tenido acceso EFE, el Defensor resuelve así una queja promovida por el Secretariado de Migraciones de la Iglesia en Canarias en noviembre de 2020, en plena crisis del muelle de Arguineguín, que en aquellos momentos era el punto principal de llegada y rescate de pateras y cayucos.
En concreto, la Iglesia alertaba al Defensor del Pueblo sobre los numerosos familiares que acudían a ese muelle, que estuvo meses atestado de gente, y a diferentes servicios públicos de Gran Canaria a pedir información sobre un pariente del que no sabían nada desde hacia tiempo, más allá de que había tomado una patera a Canarias.
Y le instaba a que se tomaran medidas en varios ámbitos, empezando por la creación de una oficina de información a las familias en los términos previstos por la legislación española para sucesos con víctimas múltiples y siguiendo por los enterramientos, que en la mayoría de los ocasiones se hacían sin identidad, solo con un código.
De todas esas cuestiones, Ángel Gabilondo solo entra a sugerir pautas para mejorar el trabajo forense y, a falta de respuesta aún de la Secretaria de Estado de Seguridad, dirige sus recomendaciones al Ministerio de Presidencia y Justicia y a la Junta de Andalucía.
Gabilondo propone al Gobierno aprobar un protocolo nacional específico sobre esta materia que unifique los criterios de actuación de los forenses y policías científicos, con una guía de pasos a seguir para "facilitar la conservación y recogida de información por parte de las personas o entidades que puedan hacer frente al hallazgo de restos humanos en el mar o en un contexto migratorio".
En ese contexto, sugiere una base de datos forense compartida a escala nacional, "para el registro y rastreo de información relativa a restos humanos de identidad desconocida, incluida la información relativa a los registros de defunciones", que se pueda interconectar con los registros ya existentes sobre personas desaparecidas.
Para un mejor funcionamiento, el Defensor del Pueblo llama a todos los Institutos de Medicina Legal a emplear una "terminología común (...) en la recogida y registro de información relativa a estos hallazgos, tanto en el Boletín Estadístico de Defunción como en las diversas bases de datos y registros existentes".
También recomienda convocar la comisión de seguimiento del convenio suscrito por varias comunidades autónomas con Cruz Roja, que se comprometió a colaborar a través de su red internacional a recoger muestras de ADN en los países de origen de las familias de los desaparecidos para compararlo con los perfiles genéticos que conservan los Institutos Forenses sobre cuerpos no identificados.
Finalmente, recuerda a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y a los juzgados y fiscalías de esa comunidad que "en ningún caso se podrá incinerar un cadáver no identificado".
