Las asociaciones de inmigrantes establecidas en Andalucía presentan, en general, un alto nivel de dependencia de las administraciones públicas y poco grado de profesionalización entre sus trabajadores.
Son algunas de las conclusiones que presenta el informe elaborado por la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes sobre la realidad de las asociaciones de inmigrantes en España.
Para su elaboración han tomado en cuenta las respuestas ofrecidas por una docena de las 61 entidades identificadas en la comunidad a una encuesta para conocer la realidad de las asociaciones de inmigrantes.
De esas 61 asociaciones, en un 92% están fundadas y dirigidas por personas migrantes. Las nacionalidades, en orden descendente, de los fundadores son: española –tanto migrantes que han obtenido la nacionalidad, así como españoles que han participado en su fundación-, colombiana, marroquí, rumana, boliviana, ecuatoriana y peruana. Las nacionalidades identificadas como mayoritarias en Andalucía, donde los migrentes representan un 9,48% de la población, coinciden con la tendencia a nivel nacional.
Entre las asociaciones registradas en Andalucía, 24 de ellas, son entidades que no se centran en una nacionalidad concreta, sino en inmigrantes, en general. Entre ellas, cinco son de mujeres, mientras que otras se centran en continentes, como las siete de Latinoamérica o Iberoamérica, tres de África, una de Asia, una de países de la Unión Europea y dos musulmanas.
En cuanto a aquellas asociaciones de inmigrantes de un país concreto, destacan Colombia, Ecuador y Ucrania, con cuatro entidades de cada uno de ellos. Se registran dos de Rusia, Rumanía, Bolivia y Brasil. En el resto de casos aparecen 16 países con una dedicada a los mismos: Senegal, Siria, Pakistán, Costa de Marfil, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, República Dominicana, Paraguay, Cuba, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Honduras y México.
Solo el 17% de las asociaciones encuestadas disponen de instalaciones físicas y el cien por cien de las mismas han sido cedidas por las administraciones públicas, un indicador de que, “a pesar de que se aprecia un cierto nivel de profesionalización por parte de las asociaciones que disponen de una sede física, no es sin embargo un indicador de estabilidad”, indica el informe.
Respecto al personal, solo el 25% de las instituciones que han participado en este estudio han tenido trabajadores asalariados durante el último año. Aquellas que lo han hecho han tenido entre una y cinco personas empleadas en su entidad.
“Con esa información podemos afirmar que en Andalucía nos encontramos con asociaciones que no disponen de sede ni de personal asalariado en la mayoría de los casos”, subraya. “Y en aquellas que sí cuentan con personal, este número es muy reducido”, añade.
“Por tanto, concluimos que son asociaciones poco profesionalizadas o que se encuentran en sus primeros pasos de profesionalización, comenzando a disponer de personal contratado y de un espacio de trabajo”.
El 62% de las asociaciones desarrollan actividades en los siguientes ámbitos: ocio y tiempo libre; investigación y gestión de proyectos; formación o educación; y mediación intercultural.
Estas actividades no necesitan de manera obligatoria que la entidad disponga de una sede física para su ejecución, sino que pueden llevarse a cabo en centros sociales o culturales e igualmente, las personas de la organización que ejecuta la actividad pueden desplazarse en caso de necesidad.
Las actividades de atención psicosocial (23%); asesoramiento jurídico (31%); y alternativas de residencia (8%), son las menos desarrolladas por las asociaciones. A pesar de que estas actividades atienden a las principales necesidades de las personas inmigrantes, requieren de un grado de profesionalización del que las entidades presentes en Andalucía no disponen de forma mayoritaria, señala el documento.
Sobre el ámbito de intervención de las asociaciones participantes, el principal es el provincial, seguido del ámbito local, estatal e internacional, y finalmente, el ámbito autonómico.
Respecto al análisis de las relaciones que las instituciones mantienen con las asociaciones de inmigrantes, el 58% de las entidades manifiestan que la comunicación con la administración pública es poco frecuente, mientras que un 33% considera que sí lo es y solo en el caso de un 8% de ellas es continua.
La mayoría, un 67%, no se sienten suficientemente apoyadas. En los extremos de esa situación, un 8% no percibe apoyo alguno, mientras que un 25% sí se sienten apoyadas por la administración pública.
En los ámbitos en los que las entidades sí se sienten apoyadas el cien por cien de las mismas se refiere a la cesión de instalaciones o espacios públicos; el 67% de las entidades señala la información recibida sobre vías de financiación; y el 33% reciben apoyo para cumplir con la regulación legal en materia de asociaciones y ONG, el mismo porcentaje (33%) que señala que son consultadas para elaborar proyectos, planes, actividades o políticas públicas para mejorar el bienestar de la población inmigrante. Igualmente, las administraciones derivan usuarios al 33% de las entidades de inmigrantes.
