La defensa de Juana Rivas recurrirá la decisión de la Corte de Apelación de Cagliari, que en el proceso civil de familia que afecta a su hijo menor ha decidido dar la custodia exclusiva al padre, Francesco Arcuri, y ordenar la vuelta del niño a Italia con él. Este extremo, según ha confirmado, no sucederá de momento en virtud de la medida cautelar de protección dictada en el ámbito penal en España al final del pasado periodo navideño.
Así lo ha apuntado en una nota de prensa el despacho Aránguez Abogados, que ha considerado "inexplicable" el posicionamiento que expone en su decreto la corte italiana, que no es firme, y ha expuesto las razones por las que presentará recurso.
Parte de la base de que "es inaudito, máxime siendo un menor, que una víctima deba convivir con su presunto agresor" y que se separe a un niño de once años de su hermano que, "tras alcanzar los 16 años y denunciar a su padre por maltratarle, decidió trasladarse a España para vivir con su madre".
Según la defensa de Rivas, "esta nueva decisión infringe la sentencia dictada por la Corte de Casación italiana, que anuló radicalmente la anterior sentencia de instancia que también concedía la custodia a Arcuri", y apuntaba a que "los hermanos han de vivir juntos" y que "ha de prevalecer el interés superior del menor por encima de cualquier otro".
También, prosiguen desde Aránguez Abogados, que ha "de cumplirse la normativa europea sobre violencia de género y doméstica, de forma que no se puede establecer nada sobre custodia sin tener en cuenta los episodios de violencia, claramente existentes en este caso".
En cualquier caso, concluyen, "Juana Rivas cumplirá cualquier instrucción de la jurisdicción española sobre el menor, que es la que debe decidir sobre su protección", en tanto ambos "se encuentran en España".
El Gobierno confía en que prevalezca el interés del menor
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dicho este martes que respeta la decisión de la Sección Civil de la Corte de Apelaciones de Cagliari, que ha decretado la vuelta a Italia del hijo menor de Juana Rivas, tras conceder su custodia exclusiva al padre, el italiano Francesco Arcuri, pero ha recordado que "aquí hay un interés superior, que es el del menor, y no hay un interés superior del menor que se pueda conciliar con un padre violento, que ejerza violencia sobre su mujer".
Por lo tanto, "en la aplicación de toda la normativa internacional", Redondo confía en que "finalmente se dé la razón al interés superior del menor, que es lo que más nos interesa", según ha subrayado en declaraciones a los periodistas en Córdoba.
Además, ha añadido que le "gustaría saber cuál es la opinión de la Junta de Andalucía, que tiene competencia en esta materia, para que también reivindique ese interés superior del menor e incida en la necesidad de que este menor pueda disfrutar de un presente y un futuro digno y libre de violencia".
El decreto de la corte italiana, consultada por Europa Press, se produce después de que la Fiscalía del país alpino le solicitara que se concediera a Rivas "la guarda y custodia en exclusiva" de su hijo menor en el transcurso de la vista celebrada el 17 de enero, cuando el caso quedaba visto para sentencia.
El menor ha permanecido con la madre de Maracena (Granada) desde las fechas navideñas y Arcuri había denunciado además a su expareja ante los tribunales italianos por sustracción de menores, tras expirar el plazo del 8 de enero fijado por la Corte de Apelación de Cagliari para que su hijo pequeño regresara a Italia después de pasar las fiestas navideñas con la madre en España, dado que él tenía la guarda y custodia.
Archivo de la denuncia
Por otro lado, en España, el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Granada ha archivado la denuncia por violencia de género vicaria que interpuso Rivas contra su expareja, al que acusa de "utilizar" a sus dos hijos para "dañarla" a lo largo de los últimos ocho años.
En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada argumentaba que todos los episodios relatados por parte de Juana Rivas en esta denuncia "han sido ya denunciados y se encuentran judicializados en distintos procedimientos penales".
Mantiene, por tanto, que, al margen de la calificación jurídica que pretenda otorgarles la parte denunciante, no existe "hecho alguno presuntamente delictivo distinto" a los que se han denunciado hasta el momento y por ello procede el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.
