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Lunes 17/03/2025
 
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Covid y Guerra de Ucrania: ¿justificación o estrategia para el incremento de los precios?

La pandemia y la guerra en Ucrania provocaron una crisis global, pero ¿están algunas empresas aprovechando la situación para aumentar márgenes de beneficio?

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  • IPC.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020 y la posterior guerra en Ucrania en 2022, los precios en España y en el resto del mundo se han disparado a niveles históricos. La explicación oficial señala a los problemas en la cadena de suministro, la crisis energética y las tensiones geopolíticas como las principales causas de esta inflación. Sin embargo, cada vez más expertos y estudios sugieren que algunas empresas han aprovechado estas circunstancias para elevar precios de manera artificial y aumentar sus márgenes de beneficio de forma desproporcionada. Esta combinación de inflación legítima y búsqueda de beneficios extraordinarios ha sido bautizada como greedflation, o "inflación por codicia".

Una vez que las tensiones iniciales comenzaron a relajarse y los costes de producción y transporte bajaron, los precios finales no solo no han bajado, sino que en algunos casos han seguido subiendo

El incremento general de precios en España desde 2020

Desde el inicio de la pandemia, el coste de la vida en España ha experimentado un aumento constante y significativo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha registrado un crecimiento acumulado del 18,25% desde enero de 2020 hasta febrero de 2025.

En 2020, en plena pandemia y debido a la parálisis económica, el IPC registró un retroceso del -0,5%. Sin embargo, en 2021 los precios comenzaron a dispararse, cerrando el año con un incremento del 6,5%, impulsado por el efecto rebote tras la reapertura de la economía y las tensiones en la cadena de suministro. En 2022, la inflación alcanzó el 5,7%, marcada por el impacto directo de la guerra en Ucrania y el encarecimiento de la energía. En 2023 la subida de precios se moderó ligeramente al 3,1%, aunque todavía muy por encima de los niveles pre-COVID. Finalmente, en 2024, el IPC cerró en el 2,8%, y en febrero de 2025 el índice anual reflejó un incremento del 3,0%.

Este incremento acumulado del 18,25% en cinco años implica que, de media, los bienes y servicios en España cuestan ahora casi un 18% más que antes de la pandemia. Es decir, lo que en 2020 costaba 100 euros, ahora cuesta aproximadamente 118 euros. Este aumento afecta a bienes y servicios de consumo cotidiano, lo que ha reducido de forma significativa el poder adquisitivo de las familias.

COVID-19 y la crisis en la cadena de suministro

La pandemia de COVID-19 fue el primer detonante de esta escalada de precios. En 2020, el cierre masivo de fábricas, puertos y centros de distribución en China y otros países asiáticos paralizó las cadenas de suministro globales. Las restricciones a la movilidad y las cuarentenas afectaron gravemente al comercio mundial, generando una grave escasez de productos y componentes que disparó los precios.

Un informe del Banco Mundial destaca que los precios del transporte marítimo llegaron a multiplicarse por diez en algunos casos debido a la falta de contenedores y a las congestiones portuarias. La industria tecnológica fue una de las más afectadas: la escasez de microchips, utilizados en automóviles, teléfonos móviles y electrodomésticos, hizo que los tiempos de espera para la entrega de productos se dispararan y que los costes de fabricación se incrementaran de manera dramática.

El aumento en los costes de transporte y fabricación se trasladó rápidamente al consumidor. Productos de tecnología, electrodomésticos, automóviles y alimentos básicos comenzaron a reflejar esta nueva realidad en sus etiquetas de precio.

La guerra en Ucrania y la crisis energética

Cuando parecía que las economías globales comenzaban a recuperarse de los efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania en febrero de 2022 provocó un nuevo terremoto económico. La invasión rusa llevó a la imposición de sanciones internacionales que limitaron el suministro de gas y petróleo desde Rusia a Europa.

La reducción del suministro provocó una escalada sin precedentes en el precio del gas y la electricidad. En algunos países europeos, el precio del gas llegó a cuadruplicarse en cuestión de semanas. Esta subida en los costes de la energía tuvo un efecto dominó en toda la economía, ya que las empresas que dependen de la energía para la producción y el transporte también se vieron obligadas a incrementar precios.

Además, Ucrania y Rusia son grandes productores de cereales y fertilizantes. La guerra interrumpió las exportaciones de estos productos, afectando gravemente a la cadena de suministro alimentaria global y provocando un incremento en los precios de alimentos básicos como el pan, el aceite de girasol y la harina.

Greedflation: ¿una crisis real o una oportunidad para lucrarse?

Lo preocupante es que, aunque los costes de producción y transporte han comenzado a estabilizarse desde mediados de 2023, los precios finales de muchos productos y servicios siguen siendo muy elevados. Esto ha llevado a que algunos economistas y analistas sostengan que las empresas están aprovechando el contexto inflacionario para aumentar sus beneficios de manera desproporcionada.

Un informe de Fortune revela que muchas empresas han utilizado la inflación como excusa para aumentar precios de manera injustificada. En el sector energético, las grandes petroleras como Shell y Exxon registraron beneficios récord en 2022, incluso cuando los precios del petróleo y el gas empezaron a estabilizarse.

En el sector alimentario ocurre algo similar. Según un análisis del Financial Times, las principales cadenas de supermercados han aumentado significativamente sus márgenes de beneficio en los últimos dos años, a pesar de que los precios de algunos productos básicos, como el trigo y el aceite, han bajado en los mercados internacionales.

En España también existen casos documentados de estrategias empresariales que han afectado a los consumidores. Un ejemplo claro es la reciente condena a BP Oil España SA y BP España SA por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón. La sentencia obliga a la empresa a pagar casi 3 millones de euros por daños y perjuicios debido a una infracción que produjo sobreprecios en las compras de gasóleo entre julio de 2006 y julio de 2017.

Mientras las empresas defienden que las subidas de precios son necesarias para cubrir el aumento de los costes de producción y transporte, los consumidores siguen enfrentándose a un incremento constante en el coste de la vida.

El encarecimiento de bienes y servicios ha obligado a las familias españolas a reducir el consumo y a priorizar el gasto en productos esenciales. El precio medio de los alimentos ha subido un 23% desde 2020, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y los productos básicos como el aceite de oliva y los huevos han experimentado incrementos superiores al 30%.

El dilema: ¿crisis global o codicia empresarial?

El fenómeno de la greedflation plantea un dilema ético y económico de gran magnitud: ¿hasta qué punto es legítimo que las empresas mantengan precios elevados cuando los costes han comenzado a bajar? Por un lado, está claro que las causas iniciales del incremento de precios fueron objetivas y reales. La pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro, provocando escasez de productos y componentes básicos, lo que llevó a un aumento generalizado en los costes de producción y transporte. A esto se sumó la guerra en Ucrania, que disparó los precios de la energía y de productos agrícolas clave (como el trigo o el aceite de girasol). Estas razones estructurales explican gran parte del aumento de precios registrado entre 2021 y 2022.

Sin embargo, lo que genera sospechas y alimenta la teoría de la greedflation es que, una vez que las tensiones iniciales comenzaron a relajarse y los costes de producción y transporte bajaron, los precios finales no solo no han bajado, sino que en algunos casos han seguido subiendo. La lógica económica sugeriría que, al estabilizarse los costes, los precios también deberían reducirse progresivamente, pero en muchos sectores eso no ha ocurrido. Por eso, la situación actual no es solo una crisis inflacionaria, sino también un posible escenario de inflación artificial impulsada por el comportamiento estratégico de ciertas empresas. El problema es que, mientras el debate sigue abierto, el consumidor medio sigue pagando precios altos, independientemente de cuál sea la causa subyacente.

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