“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. Albert Camus.
Tan soberano es el patinazo que ha cometido María Jesús Montero con respecto a la sentencia de Alves y la presunción de inocencia que solo unos días después ha debido rectificar y pedir disculpas en un ámbito, el político, en el que jamás se disculpa nadie por muy inmensa que sea la imbecilidad que diga. Pero solo unas horas más tarde, tal vez fruto de esa sobre aceleración que la ministra arrastra ante tanta responsabilidad política y orgánica, que parece siempre ande agitándose dentro de un bote de esteroides anabólicos, desbarra menoscabando a la universidad privada -en general- y, sobre todo, usando términos al límite del insulto y puede tener su opinión y hasta parte de razón si se profundiza de manera analítica y sosegada en el asunto, pero la pierden el contexto y las formas. Se la ve sobrepasada, al menos estos días, y está en el kilómetro uno de una maratón de 42 y el sol aún descansa sobre el horizonte.
Montero se equivoca radicalizando de este modo el discurso, dirigiéndolo hacia una parte de la población como si el resto no escuchara. Debe ser la manera que estratégicamente entiende debe oponer a la mesura sin límites de Juanma Moreno, que practica justo lo contrario adormeciendo a un electorado al que canturrea una eterna nana. Estamos, por lo que se aprecia, entre el Veo-veo de Teresa Rabal y Brian Johnson dando saltitos en pleno desmelene de AC/DC. Y como la secretaria general andaluza y el propio PSOE han puesto foco esta semana a ambos temas, dejando al margen un modelo de financiación autonómica atascado, sean.
Hay pilares básicos en un Estado de Derecho y uno de ellos es la presunción de inocencia, sin ella los ciudadanos estarían desamparados, en manos de quienes quieran hundirles por el motivo que sea. Este principio no puede ceder, ni relegarse ante circunstancia alguna, al igual que todos los Derechos Fundamentales de las personas que proclama y protege la Constitución. Es habitual que sólo nos acordemos de lo que dice la Carta Magna en los momentos que interesa, entonces se nos llena la boca en defensa de lo que es o no constitucional. Al contrario, ante multitud de situaciones marcadas por políticas trasnochadas, lo constitucional no importa. Y a esto hay que añadir la tendencia nacional a ponernos el birrete y usar el mazo a la primera de cambio: gusta ser juez y dictar sentencia, sin conocer las leyes y, mucho menos, los hechos y las pruebas y si se está ante alguien famoso y el caso se convierte en mediático, el fallo ya está dictado mucho antes de que empiece el juicio. Algo que, por otra parte, implica presión intensa para el juez o el tribunal porque si el pueblo ha declarado culpable a alguien, difícil emitir sentencia absolutoria.
Quienes han sufrido imputaciones por lo penal siendo inocentes, que son muchos -demasiados-, saben lo que se vive, se padece y sufre y esto se eleva a una mayor dimensión si el caso resulta público al ser pasto de telediarios. Si pasan por la cárcel durante meses, el daño vital es insubsanable. No consuela decir que tenemos una justicia garantista y si se termina absuelto, pelillos a la mar: no vale. Peor aún es que resultando absuelto, parte de la opinión pública te siga tratando como culpable. El caso de Dolores Vázquez es una de las vergüenzas de nuestro sistema. Ella no tuvo opción alguna a su presunción de inocencia, era la mala de la película que sí o sí había matado a la hija de su pareja. Declarada culpable de asesinato, condena a 15 años y un día de prisión y a una indemnización de 18 millones de pesetas. Pasó 17 meses en la cárcel y terminó apareciendo el verdadero asesino; hoy, 25 años después, reclama algo sencillo: “Necesito que el Gobierno me pida perdón”.
El Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial tiene publicado datos sobre las denuncias en este ámbito y resultan muy clarificadores: solo el 22,3% de las denuncias por violencia de género concluyen con la condena del hombre acusado. En concreto, en 2023 se presentaron 199.282 denuncias, de las cuales resultaron absolutorias 150.757. Son datos oficiales alejados de discursos políticos. Se podrá decir que en muchas ocasiones resulta muy difícil probar este tipo de delitos por la intimidad del ámbito en el que se llevan a cabo los hechos y ello trae consigo que puedan resultar absueltos hombres culpables. Pero no es posible pretender tener un sistema judicial en el que para este tipo de delitos baste la denuncia sin pruebas o con pruebas simplemente indiciarias porque ello arrastraría a prisión a muchos hombres inocentes. Esto lleva a cargarnos el Derecho Fundamental a la libertad y a no ser privado de ella sin causa legal y, por supuesto, el derecho a la presunción de inocencia. El problema de la violencia de género y de la machista no puede arreglarse socavando Derechos Fundamentales. Y en este sentido los políticos y los gobernantes son responsables de luchar contra este tipo de violencia, con medidas de todo tipo y, por supuesto, con el sistema educativo, pero también son responsables de defender en todo momento los principios constitucionales con medidas también de todo tipo y de no inducir a estados de opinión pseudo culturales en los que llegado el momento político o electoralista les sea oportuno socavar el Estado de Derecho.
Las universidades privadas son, como tantas otras cosas, un tema sobre el que se puede frivolizar, abordarlo de forma populista sin profundizar. No hay nada más rentable que criticar lo que no resulta accesible a la generalidad del pueblo. Lo cierto es que no obedece a la verdad asegurar que los universitarios que han sacado su título en una privada lo han comprado como el que se compra un coche de lujo. Es un insulto a los jóvenes que han estudiado y se han esforzado en ellas. Habría que pensar que, quizás, si aumenta el número de alumnos de las privadas se reduce, al mismo tiempo, la demanda de la pública y ésta puede acoger con mayor facilidad a quienes quieren estudiar una determinada carrera y por la alta nota de corte no pueden hacerlo. Porque -no nos equivoquemos-, que en Andalucía se exija una nota de 13,5 para acceder a Medicina no es por cuidar la excelencia, sino por una alta demanda que no es posible cubrir con las plazas existentes. Por otra parte, hay circunstancias que hacen atractivas las universidades privadas como, por ejemplo, que ofrecen prácticas profesionales y convenios con empresas que facilitan la empleabilidad.
También resulta atrayente que muchas de ellas cuentan con modalidad online y semipresencial y horarios flexibles, lo que facilita el acceso a estudios universitarios a personas que trabajan o tienen responsabilidades familiares. En cualquier caso, el 20,8% de los universitarios lo son en privadas, el 49,4% de los matriculados en masters, cuando el número de plazas universitarias públicas sólo ha aumentado un 2% en los últimos años, por lo que sería inviable acoger en la pública a todos los alumnos que estudian en privadas. Hay 50 campus públicos desde 1988, ni uno más en 37 años, en cambio el número de centros privados asciende a 46 y hay 10 en tramitación de apertura. Si se quiere reducir este ascenso, necesariamente habrá que aumentar exponencialmente la inversión pública educativa, todo lo demás es un debate envuelto en un discurso de bajo rango y muy clasista. Y ni siquiera políticamente rentable.
El mal manejo de los nervios puede ser el peor enemigo del corredor en una maratón y, quizás, deba seleccionar la ministra mejor el ritmo de carrera, la competición a disputar o el momento de hacerlo no sea que la meta se aleje tanto en su cabeza que se le haga imposible.
