Esta semana ha habido un tema que, sin duda, ha acaparado todos los medios de comunicación y debates públicos: los aranceles de Donald Trump. Unas medidas que ha preocupado a todos los colectivos, expectantes con cómo se desarrollarán los hechos.
Esta semana, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos expresaba en una nota su preocupación por las consecuencias que padecerían cerca de 200.000 autónomos de nuestro país.
Según afirman, el Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros contempla entre sus artículos la puesta en marcha de una línea de avales por 5.000 millones de euros para la financiación de empresas exportadoras e importadores afectadas, pero no se menciona explícitamente al colectivo autónomo, que será uno de los más afectados por la crisis económica.
Reclaman, además de poder acceder a líneas de financiación, poder derivar su negocio a nuevos mercados de exportación y, considerar en caso necesario la exoneración de las cotizaciones a la seguridad social, así como la puesta en marcha de la herramienta fundamental de protección para el colectivo: el cese de actividad extraordinario.
“Debemos poner en marcha todos los mecanismos de protección que dispone el Gobierno de España para que ningún autónomo vea truncada su actividad económica. La experiencia obtenida durante la pandemia del COVID-19 nos lleva a afirmar que el cese de actividad es un mecanismo imprescindible como colchón social ante f
uturas crisis, como la crisis arancelaria. Es fundamental que las medidas complementarias, que ya están a disposición de las grandes empresas, se trasladen también al colectivo de autónomos, compuesto principalmente por personas físicas" afirmaba Eduardo Abad, presidente de UPTA.
“Las medidas que se pongan en marcha no pueden ser 'café para todos'. Deben estar dirigidas exclusivamente a aquellos autónomos o empresas que se vean afectadas directa o indirectamente por la crisis, garantizando que la concesión de ayudas se haga con el máximo rigor, pero sin ralentizar su tramitación. Solamente pedimos agilidad y la eliminación de las trabas burocráticas para que estas medidas sean efectivas”, concluía Abad.
