El Pleno del Parlamento debatirá el jueves de la próxima semana sendas Proposiciones no de Ley (PNL) de los grupos Socialista y Por Andalucía con un nexo en común: contrarrestar la repercusión de los aranceles de la Administración Trump.
En el caso de la iniciativa del grupo que es la confluencia de Izquierda Unida Andalucía, Podemos Andalucía y Sumar Andalucía plantea crear "una mesa de seguimiento a la crisis arancelaria", a la que propone incorporar a empresarios, sindicatos, organizaciones del sector, a consumidores y los grupos parlamentarios.
A esta mesa le atribuye "trazar de manera urgente un plan de actuación y respuesta y protección" de los sectores afectados, así como "movilizar recursos" y "reajustar las estrategias ya aprobadas en determinados sectores", una de sus aspiraciones dentro de las 17 demandas que plantea a la Junta.
En el caso del PSOE-A apuesta por que la Administración autonómica "apruebe un plan de medidas propio de apoyo a los sectores andaluces perjudicados", además de que "apoye el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial del Gobierno", un planteamiento que esgrime "teniendo en cuenta los sectores y empresas más afectados de Andalucía", reclamaciones que suman una decena en su Proposición no de Ley.
Ese conjunto de medidas autonómicas las reclama, especialmente, para el sector agroalimentario, y que sean medidas complementarias a las del Plan de Respuesta del Gobierno de España, y a las medidas de apoyo que establezca la Unión Europea.
Los socialistas requieren a la Junta a apoyar las empresas andaluzas para "reforzar su presencia en mercados alternativos al estadounidense" a través de Andalucía TRADE (Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico) y proponen que se haga "con el asesoramiento o la ayuda a la promoción de los productos agroalimentarios andaluces".
La PNL del PSOE reclama a la Junta que "ampare los intereses de los agricultores, los ganaderos, las industrias, las empresas, los trabajadores de Andalucía", que sitúa "en defensa de Europa frente a los ataques arancelarios del Gobierno de Trump".
Por Andalucía exige al Gobierno andaluz el rechazo "de forma pública, explícita y rotunda a la política arancelaria estadounidense" por cómo afecta al sector primario andaluz y resto de sectores económicos.
Quiere Por Andalucía que la Cámara autonómica rechace los acuerdos con terceros países que "perjudiquen al sector primario andaluz", entre los que incluye el acuerdo UE-Mercosur, al esgrimir que "no se permita la competencia desleal de productos que no cumplen con los estándares de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad ecológica y condiciones laborales exigidos en la Unión Europea".
Reclama a la Administración autonómica "un nueva estrategia de soberanía alimentaria", y que se apoye "en el cooperativismo y en los circuitos cortos de comercialización para reducir la dependencia de grandes cadenas de distribución, los márgenes de intermediarios y agentes externos, y mejorar así los precios en origen para los pequeños productores".
Exige Por Andalucía a la Junta de Andalucía y al Gobierno "la incorporación inmediata de cláusulas de reciprocidad, llamadas también cláusulas espejo", es decir, medidas análogas a las instauradas en la UE, e "incorporar de manera inmediata estas cláusulas a todos los tratados comerciales de la UE con terceros países".
Apuesta también por que la Junta elabore un plan estratégico para propiciar el relevo generacional en el sector primario, que facilite "la incorporación de jóvenes, el acceso a la tierra y a la financiación con líneas de crédito preferente", además de asesoramiento técnico y formación especializada.
Plantea al Gobierno andaluz "una posición propia" para la elaboración de una nueva Política Agraria Común (PAC) que "priorice las explotaciones familiares y la generación de empleo en las áreas rurales" y que evite que "los fondos europeos se concentren en grandes terratenientes y empresas multinacionales, con un reparto justo de los recursos acorde al peso y la diversidad del sector primario andaluz".
