La defensa de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que suspenda el careo previsto para el 14 de mayo con Alfredo González, que tramitó su propuesta de nombramiento en 2018, y fije nueva fecha porque la actual le coincide con un viaje que tenía programado a Estados Unidos.
"En esa fecha mi patrocinada se encontrará fuera de España, ya que tiene programado un viaje a Estados Unidos, entre el 10 y el 17 de mayo", expone el abogado de Álvarez en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press. En consecuencia, solicita al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que "señale nuevo día y hora para su práctica".
En otro escrito, reclama a Peinado que "aclare cuáles son los puntos de discordancia y contradicción entre lo declarado por uno y otra, sobre los que versará el careo acordado".
En este sentido, recuerda que la ley establece que el careo procede "cuando los testigos o los procesados entre sí o aquellos con estos discordaren acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que interese en el sumario".
Sin embargo, la defensa alega que "ha repasado el contenido de las declaraciones prestadas por Alfredo González y Cristina Álvarez y no ha sido capaz de identificar ninguna discordancia ni contradicción entre lo manifestado por uno y otra".
"Al contrario, el visionado de las declaraciones nos lleva a la conclusión de que la declaración de Alfredo González es absolutamente coincidente con las dos que prestó Cristina Álvarez", sostiene.
En su declaración como testigo del pasado febrero, González aseguró que no conocía a Álvarez ni a la gran mayoría de las personas cuyos nombramientos tramitó y que no recordaba si vio o no el currículum de la ahora asesora.
"Yo me limitaba a remitir al órgano competente para el nombramiento las propuestas de personal eventual que, como el Estatuto Básico del Empleado Público estable, al tratarse de personal eventual el nombramiento y el cese es libre", apuntó.
En el marco de aquel interrogatorio, el juez le preguntó a quién reportaba en esa época y si llegó a hablar con alguien sobre la propuesta de nombramiento de la ahora asesora de Begoña Gómez. El testigo dijo que no recordaba haber comentado el asunto con ningún superior e insistió en que tramitó "muchos" nombramientos porque "era un periodo de cambio de Gobierno, que es cuando se sustituye todo el personal eventual".
El juez se mostró sorprendido: "Llama poderosamente la atención a quienes tenemos algún tipo de vinculación con la Administración Pública. Esto no es lo habitual, sino todo lo contrario, se exigen unos procesos bastante rígidos y bastante selectivos para nombrar a alguien que va a percibir cantidades con cargo a los presupuestos generales del Estado. Entonces, insisto, ¿usted hace esta propuesta sin conocer a nadie, con todos estos detalles?".
González contestó que sí era lo habitual al tratarse de "personal eventual". "Esos requisitos que usted me menciona, en el caso concreto de este tipo de personal, no operan", señaló.
No obstante, Peinado le repreguntó de quién dependía: "¿Quién era entonces la persona que desempeñaba este cargo?". El testigo afirmó que era "Félix Bolaños", a quien ubicó como su superior directo, con el que se reunía "todos los días" para despachar "multitud de asuntos" en La Moncloa.
LOS 'EMAILS' DE ÁLVAREZ
A raíz de esta declaración, el instructor citó también como testigo al ahora ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que el pasado 16 de abril aseveró que la designación de Álvarez como asesora de Gómez se realizó conforme fija la ley de contratación de personal eventual, al tiempo que se desligó de su nombramiento.
La propia Álvarez declaró ante Peinado que se la nombró asesora en Moncloa para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno tanto en temas oficiales como privados. Según relató, la propia Gómez, a quien conocía desde hacía tiempo, la contactó para que trabajase como su asesora y persona de "confianza".
El juez abrió esta nueva línea de investigación al considerar que la contratación de Álvarez podría ser constitutiva de un delito de malversación de fondos públicos. Y ello porque la asesora consta en una serie de correos electrónicos enmarcados en las gestiones para Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
No obstante, en esta causa se indagan también presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e instrusismo profesional.
